Las cámaras empresarias de General Alvear, San Rafael, Malargüe, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Martín emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su «profunda preocupación y rechazo» frente a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), establecida en el artículo 10 del proyecto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 10 de julio.
Según señalaron, esta modificación representa una amenaza directa al acceso al financiamiento formal por parte de las pequeñas y medianas empresas, uno de los principales obstáculos que enfrentan para desarrollarse y competir en el mercado. El sistema de SGR, afirman, cumple una función clave al ofrecer respaldo que permite a las MiPyMEs acceder a créditos en condiciones competitivas.
“El sistema de Garantías Recíprocas no solo impulsa el financiamiento a corto, mediano y largo plazo, sino que también promueve la inversión, la innovación y el crecimiento sostenido de las empresas”, indicaron. También destacaron su rol en el fortalecimiento del entramado productivo local, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de las economías regionales.
Ante este panorama, las cámaras del Sur, Valle de Uco y Este de Mendoza instaron al Poder Ejecutivo y al Legislativo Nacional a revisar con urgencia esta medida, con el objetivo de preservar un sistema que consideran esencial para la sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En el comunicado se remarca que este tipo de empresas representa el 98% del total de firmas empleadoras en Argentina y genera el 50% del empleo registrado en el país. Por esa razón, piden que se resguarde el régimen fiscal de las SGR para no poner en riesgo a miles de emprendimientos.
El documento lleva la firma de Ramiro Labay (Cámara de Alvear), Gabriel Ginart (Cámara de Malargüe), Gabriel Brega (CCIA San Rafael), Juan Roth (Cámara de Tunuyán), Mirtha Cataldo (Cámara de Tupungato), y los representantes de las cámaras de San Carlos y San Martín.
Desde el sector privado advierten que sin instrumentos como las SGR, muchas PyMEs quedarían desprotegidas en un contexto económico complejo, sin acceso a créditos y con serias dificultades para sostener la producción y el empleo.
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