Carlos Fuentes hizo uso de la banca del ciudadano en el Concejo Deliberante por tercera vez para exponer la grave situación habitacional en el departamento, exigiendo acciones concretas y módulos de vivienda accesibles.
El último jueves se realizó una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, en la que Carlos Fuentes volvió a ocupar la banca del ciudadano para reclamar por tercera vez una solución concreta frente a la falta de acceso a la vivienda. En diálogo con LV19, denunció que más de 1800 personas se encuentran inscriptas para acceder a un terreno, pero las condiciones actuales lo convierten en una meta inalcanzable para la mayoría.
El nuevo ordenamiento exige que el beneficiario construya al menos 40 m² en el plazo de un año. Para quienes trabajan en negro o no cuentan con ingresos formales, este requerimiento representa más un obstáculo que una oportunidad. “Más de 4 millones al mes hay que tener para construir, sin contar que uno tiene que vivir, pagar impuestos y mantener a su familia”, expresó Fuentes. La precariedad económica, sumada a la inseguridad en las zonas asignadas, agrava aún más el panorama: muchos vecinos ven cómo les roban los materiales que logran reunir con gran esfuerzo.
En lugar de este modelo restrictivo, Fuentes propuso crear un verdadero plan habitacional junto a la municipalidad y el Concejo Deliberante. Sugerencias como la conformación de cooperativas y la implementación de módulos habitacionales permitirían comenzar con construcciones más accesibles, capaces de brindar alivio inmediato a quienes hoy enfrentan alquileres insostenibles.
El referente remarcó que el objetivo no es recibir viviendas gratis: “Queremos trabajar, pagar lo nuestro y poder tener definitivamente nuestra vivienda”. Muchos vecinos comparten esta postura. Un módulo permitiría planificar el futuro de manera diferente, iniciar una vida digna en propiedad propia y luego ampliar según las posibilidades individuales.
Fuentes también señaló que la mayoría de las personas que representa no puede acceder al IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), debido a sus condiciones laborales, estado de salud o falta de ingresos formales. Presentaron notas personales exponiendo cada situación, reflejando la diversidad de problemáticas que enfrentan. Además, denunció irregularidades previas en la entrega de viviendas, donde algunas fueron devueltas a propietarios que no las habían pagado y luego las vendieron tras abandonar el país.
El cierre del planteo fue contundente: “Esto se va a agravar. Hay chicos que hoy viven con sus padres y mañana necesitarán una vivienda. Si no lo empezamos a solucionar ahora, el problema será mucho más grande”. El pedido apunta a una planificación inmediata, ética y sostenible que integre a todos los sectores excluidos del sistema actual.
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