La diputada provincial elaboró junto a un equipo técnico un documento para la consulta pública del Plan de Ordenamiento Territorial de Malargüe. Destacó la necesidad de contemplar la minería en el marco legal vigente.
La diputada provincial Jimena Cogo presentó un documento técnico en el marco de la consulta pública del Plan de Ordenamiento Territorial de Malargüe, que se desarrolla hasta el 30 de agosto y culminará con una audiencia pública el 29 de septiembre en el Centro de Convenciones Thesaurus.
El documento fue elaborado en conjunto con un equipo interdisciplinario de profesionales y busca aportar una mirada técnica y jurídica respecto de la actividad minera en el marco de la planificación territorial.
“La opinión que hemos dado desde el equipo en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Malargüe tiene que ver con ciertas preocupaciones que se generaron en el grupo que compartimos varios actores que somos promineros o que tendemos a que la minería realmente sea considerada en la provincia de Mendoza una industria lícita como el resto de las actividades”, expresó Cogo.
La legisladora subrayó la importancia de que el Plan contemple el Código de Minería de la Nación como marco regulatorio principal de la actividad. “La minería no puede planificarse espacialmente con anticipación, ya que depende de los descubrimientos de recursos minerales. Por lo tanto, establecer sonificaciones restrictivas resultan un tanto incompatibles con la actividad. Entonces sugerimos un enfoque donde sí se identificaran las áreas de exclusión mineras, como las áreas naturales protegidas, y el resto evaluar y compatibilizar esos usos de suelo mediante otros estudios”, señaló.
El documento también hace referencia a normas provinciales, como el Código de Procedimientos de Mendoza, que regula concesiones y derechos mineros. “También hicimos mención de señalar en otras partes el documento no solo el Código de Minería de la Nación, sino también el de procedimientos de Mendoza que versan sobre los derechos mineros, las concesiones y demás. También sugerimos considerar aspectos jurídicos que generan conflictos en zonas específicas, por ejemplo, minería y la ley de glaciares”, indicó la diputada.
Asimismo, el equipo propuso que el Plan incluya estadísticas oficiales y fuentes verificables a nivel departamental, con el fin de otorgar solidez técnica y respaldo institucional a la planificación territorial.
“En definitiva, intentamos colaborar con aportes que hagan al Plan de Ordenamiento Territorial para que realmente sea el día de mañana un instrumento valioso, equilibrado, técnicamente sólido y jurídicamente coherente para reflejar la realidad productiva y social de Malargüe”, concluyó Cogo.
El Plan de Ordenamiento Territorial de Malargüe fue diseñado tras un proceso de talleres participativos en distintas comunidades rurales, entre ellas Ranquil Norte, El Alambrado, El Manzano, Las Loicas, Bardas Blancas y La Junta, y constituye una herramienta clave para definir el crecimiento y desarrollo del departamento en los próximos años.
Aquí el texto completo del documento
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