La legisladora provincial impulsa que el Instituto Provincial de la Vivienda releve, gestione y entregue las casas construidas por el programa nacional PRO.CRE.AR. que permanecen terminadas pero sin adjudicar.
Numerosas viviendas del programa nacional PRO.CRE.AR. continúan terminadas pero sin adjudicar. Con el tiempo, los servicios de infraestructura básica —gas natural, iluminación y señalización— ya se han regularizado, por lo que la demanda actual no pasa por obras pendientes sino por la entrega efectiva de las casas. Frente a esta situación, la diputada provincial Jimena Cogo presentó un proyecto de ley que faculta al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a relevar, gestionar y adjudicar estas unidades, buscando que dejen de estar vacías y cumplan finalmente su función social.
La iniciativa propone que el IPV quede autorizado para relevar todas las viviendas del PRO.CRE.AR. en la provincia que no fueron adjudicadas y que puedan encontrarse en estado de abandono o deterioro. También establece la posibilidad de celebrar acuerdos con el Estado Nacional para que se concrete el traspaso de esas viviendas a Mendoza y de destinar fondos específicos, a través de la Ley de Presupuesto, para su recuperación y adjudicación bajo los procedimientos vigentes del organismo provincial. El proyecto fija un plazo de 180 días, desde la sanción de la norma, para que el IPV reglamente los mecanismos de ejecución.
Cogo recordó que el PRO.CRE.AR., creado en 2012, discontinuado en 2018, relanzado en 2020 y disuelto en 2024 por el Decreto 1018/2024, nació con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios. “La falta de adjudicación representa un perjuicio al interés público, un uso ineficiente del patrimonio estatal y una afectación al derecho constitucional a una vivienda digna”, sostuvo la diputada.
Entre los fundamentos jurídicos, la legisladora citó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a una vivienda digna; el artículo 123, que otorga a las provincias autonomía para dictar sus leyes y garantizar derechos sociales básicos; la Ley Nacional de Vivienda Nº 24.464, que regula el sistema federal de vivienda; y la Ley Provincial Nº 4203, que fija las funciones del IPV en ejecución y adjudicación de viviendas.
El caso de Malargüe ilustra el problema: el barrio Procrear cuenta con unas 380 viviendas, de las cuales todavía un número significativo no ha sido entregado. Escenarios similares se repiten en otros departamentos mendocinos, reforzando la necesidad de contar con una norma provincial que agilice la adjudicación.
La iniciativa de Cogo espera ahora su tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados. De aprobarse, permitirá que las casas construidas por el PRO.CRE.AR. cumplan finalmente con su objetivo: convertirse en hogares para las familias que aún aguardan una respuesta.
Con esta propuesta, la legisladora busca que la provincia deje de perder valor social y económico en viviendas desocupadas y que se respete el derecho de los mendocinos a una vivienda digna.
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