A pesar de una sentencia firme que la obliga a garantizar los insumos médicos de Martina Torres Remetich, la Obra Social de Empleados Públicos lleva más de diez meses sin cumplir. La familia denuncia la situación y reclama que se respete el fallo judicial.
A casi tres años del amparo judicial que ordenó a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) garantizar la cobertura completa del tratamiento de Martina Torres Remetich, una niña de seis años de Malargüe con una compleja discapacidad, la situación sigue sin resolverse. A la fecha, la obra social continúa sin entregar los insumos médicos vitales que requiere la menor, incumpliendo una sentencia judicial firme dictada en 2023.
Ser y Hacer se comunicó con el padre de Martina, Marcos Torres, quien explicó que desde hace más de diez meses la familia debe costear con recursos propios los materiales para la colostomía y otros tratamientos esenciales. “Los gastos son millonarios. Una caja de bolsas cuesta más de 125 mil pesos y Martina usa hasta cinco por mes, además de sprays, pastas, gasas y cremas”, relató.
Martina padece malformación VACTER, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipotonía generalizada y cardiopatía congénita, entre otras condiciones que exigen controles permanentes, terapias constantes y el uso de oxígeno domiciliario con BiPAP, según consta en su historia clínica certificada por profesionales del Hospital Alexander Fleming y del Hospital Humberto Notti.
En 2022, la familia presentó un recurso de amparo ante la justicia mendocina, que determinó la obligación de OSEP de proveer todos los insumos médicos de manera continua. La sentencia, ratificada en 2023, ordenaba además que el pedido se renovara cada diciembre, asegurando la entrega anual completa. Sin embargo, en 2025, OSEP no ha cumplido con lo dispuesto y solo realizó una entrega mínima tras nuevas gestiones judiciales y mediáticas.
“Después de diez meses sin respuesta, logramos que entregaran una pequeña parte. De todo lo que Martina necesita, recibimos menos del diez por ciento. Esto es un desacato total a una orden judicial”, señaló Torres con evidente frustración.
El padre explicó que los gastos se acumulan también por el uso de oxígeno domiciliario y los altos costos de energía eléctrica, que superan el millón de pesos bimestral. “No hay sueldo que aguante. Cada día sin respuesta agrava la situación de mi hija y vulnera sus derechos básicos a la salud y a la vida digna”, agregó.
El caso de Martina expone una situación que trasciende lo individual: el incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de organismos de salud estatales. A pesar de los reclamos presentados, la delegación local de OSEP en Malargüe no ha brindado soluciones concretas, y los trámites se manejan directamente desde la sede central en Mendoza.
Desde el entorno familiar remarcan que el reclamo no busca privilegios, sino el cumplimiento de lo que la ley y la justicia ya determinaron. “Pedimos que se cumpla la sentencia. Nada más. Martina depende de esos insumos para vivir”, resumió su padre.
La historia de Martina refleja la lucha silenciosa de muchas familias mendocinas que enfrentan las demoras y desidias institucionales de un sistema de salud que debería protegerlas. Mientras tanto, cada día que pasa sin una respuesta definitiva profundiza la vulnerabilidad de una niña que necesita cuidados permanentes y una obra social que cumpla con su obligación legal y moral.
Te invitamos a conocer a Martina.
