La Cámara de Diputados aprobó de manera definitiva la ley que incorpora la responsabilidad parental ante casos de bullying al Código Contravencional. La normativa refuerza medidas preventivas y educativas en las escuelas. Las sanciones económicas irán desde $750.000 a $1.500.000 según la gravedad del caso.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó de manera definitiva la ley que incorpora la responsabilidad parental ante situaciones de acoso escolar al Código Contravencional de la provincia. La normativa crea un procedimiento progresivo para intervenir en casos de bullying dentro del sistema educativo.
La fundamentación oficial subraya que el acoso escolar genera consecuencias psicológicas, emocionales y físicas que afectan la trayectoria educativa de los estudiantes. Si bien las escuelas cumplen un rol principal, se remarca que la formación y supervisión corresponden inicialmente a los padres o tutores, quienes deben acompañar el proceso desde el hogar.
La ley se apoya en principios como la responsabilidad parental, el enfoque educativo y preventivo y la protección de las víctimas. Su propósito es generar conciencia, brindar herramientas a las familias y garantizar intervenciones que eviten la reiteración de conductas que alteren la convivencia escolar.
La normativa incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código Contravencional. El artículo 100 bis establece multas de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas (UF). Con la actualización vigente, cada UF equivale a $500, por lo que las sanciones irán desde $750.000 hasta $1.500.000, según la gravedad del caso. Lo recaudado se destinará al Fondo Provincial creado por la Ley 9545, orientado a programas de prevención y asistencia en el ámbito de la Dirección General de Escuelas.
La autoridad escolar se mantiene como primera instancia mediante la aplicación del Protocolo de Actuación en Casos de Bullying. Cuando los adultos responsables no colaboran, incumplen acuerdos o no asisten, la institución debe elevar las actuaciones al Juzgado Contravencional junto con un informe detallado de lo actuado.
Durante el tratamiento legislativo, se destacó la necesidad de sumar acciones preventivas desde el hogar, fortalecer la educación emocional, incorporar alfabetización digital y brindar más herramientas al cuerpo docente. También se subrayó la corresponsabilidad entre Estado, comunidad y familias para consolidar entornos seguros.
Si bien algunos legisladores expresaron objeciones vinculadas al componente punitivo, la iniciativa obtuvo sanción definitiva. La ley suma una herramienta más para acompañar a las instituciones educativas y reforzar políticas de convivencia en las aulas.
