En una sesión calificada como histórica por el propio oficialismo y por buena parte del arco político, la Cámara de Diputados de Mendoza dio este 26 de noviembre media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, ubicado en Uspallata, Las Heras.
La aprobación se logró por amplia mayoría y forma parte de un paquete minero más amplio que incluye la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, un nuevo esquema de regalías mineras y la ratificación de DIAs para iniciativas de exploración en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe.
Se trata del primer proyecto de explotación metalífera que obtiene aval legislativo en Mendoza desde la sanción de la Ley 7722, lo que explica el carácter de “hito” que distintos actores le atribuyen a la votación.
Un proyecto clave en la precordillera de Las Heras
PSJ Cobre Mendocino se ubica en la zona de Uspallata, en el departamento de Las Heras, a unos 37 kilómetros del distrito y en la franja de 2.400 a 2.900 metros sobre el nivel del mar, en plena precordillera.
El emprendimiento está diseñado como un proyecto de minería metalífera a cielo abierto, con el cobre como mineral principal y presencia de otros metales asociados. El Gobierno provincial lo presenta como el primer proyecto de cobre de mediana escala de Mendoza y como uno de los desarrollos más relevantes del país desde la experiencia de Bajo de la Alumbrera, que marcó la producción cuprífera argentina durante dos décadas.
Según las proyecciones oficiales y de la empresa, la iniciativa demandaría una fuerte inversión inicial en dólares y generaría un volumen importante de empleo directo e indirecto. Esos montos y cantidades de puestos de trabajo son, hasta el momento, estimaciones declaradas y forman parte del debate público más que de resultados ya verificables.
La Ley 7722 como marco y una DIA bajo máxima exigencia
La discusión sobre San Jorge no puede separarse de la Ley 7722, normativa que:
- Prohíbe en Mendoza el uso de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros compuestos tóxicos en la minería metalífera.
- Exige que la Declaración de Impacto Ambiental de todo proyecto minero metalífero sea ratificada por ley en la Legislatura, es decir, que atraviese el filtro de Diputados y Senadores.
En ese marco, la DIA de PSJ Cobre Mendocino llegó al recinto tras un proceso que el Gobierno provincial describe como inédito por su volumen técnico y su participación social:
- Una audiencia pública de diez días, en Uspallata, con miles de exposiciones y presentaciones escritas, que el Ejecutivo califica como “histórica” por la cantidad de aportes ciudadanos.
- Dictámenes sectoriales de más de una decena de organismos provinciales y nacionales (Irrigación, Vialidad, Biodiversidad, Patrimonio Cultural, áreas de energía, turismo y otros).
- Participación de espacios académicos y científicos, entre ellos la Fundación de la UNCuyo (FUNCuyo) y la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM).
Sobre esa base, la autoridad ambiental emitió la DIA que ahora fue ratificada por Diputados. El documento contempla, entre otros puntos:
- Sistemas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, con estaciones de medición y control en tiempo real.
- Medidas de seguridad para el manejo de residuos mineros y la integridad de las instalaciones.
- Planes de resguardo para áreas sensibles como la Ciénaga de Yalguaraz y vegas altoandinas.
- Protección del patrimonio cultural y presencia de comunidades en los procesos de seguimiento.
- Creación de una Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto (UGA-PSJ), ámbito interinstitucional destinado al control y monitoreo de la operación.
Debate caliente en el recinto y tensión en las calles
La sesión se desarrolló en un clima de fuerte tensión política y social. Mientras Diputados debatía, en el centro de Mendoza se concentraron asambleas ambientalistas, organizaciones sociales y vecinos de Uspallata, que expresaron su rechazo a San Jorge y al paquete minero en su conjunto. La jornada estuvo marcada por la presencia policial y episodios de conflicto en la vía pública.
Dentro del recinto, los argumentos a favor y en contra sintetizaron dos miradas que conviven en Mendoza desde hace años:
- Quienes respaldaron la aprobación destacaron:
- La necesidad de diversificar la matriz productiva de la provincia.
- La oportunidad de incorporar el cobre en un contexto mundial de transición energética.
- El hecho de que, bajo la 7722, el proyecto debió superar un nivel de evaluación técnica, social y legislativa excepcional, con controles reforzados y participación institucional amplia.
- Quienes votaron en contra cuestionaron:
- La eventual afectación de recursos hídricos y la suficiencia de las medidas de resguardo.
- La compatibilidad de la DIA con la letra y el espíritu de la Ley 7722.
- Observaciones críticas contenidas en informes técnicos universitarios, como el dictamen de la UNCuyo, que identificó una serie de puntos “no cumplidos” o a revisar en el estudio de impacto.
A esto se sumó el debate alrededor del CONICET Mendoza y sus pronunciamientos institucionales sobre el proyecto, que distintos sectores leyeron de manera opuesta: mientras el Gobierno resaltó la participación del organismo en instancias técnicas, voces críticas señalaron la existencia de comunicaciones científicas más duras que no llegaron a sostenerse públicamente en el tiempo.
Lo que viene: el Senado y la consolidación de reglas de juego
Con la media sanción de Diputados, la DIA de PSJ Cobre Mendocino pasa ahora al Senado provincial, instancia que deberá decidir si ratifica y convierte en ley la autorización ambiental otorgada por el Ejecutivo.
El oficialismo confía en contar con los votos necesarios, en el marco de un paquete minero que también incluye un Fondo de Compensación Ambiental y un nuevo régimen de regalías. De avanzar, Mendoza daría un paso concreto hacia la puesta en marcha del primer proyecto de cobre de mediana escala bajo la vigencia plena de la Ley 7722.
Reflexión: qué significa esta aprobación para la minería mendocina bajo la 7722
La votación de San Jorge marca un antes y un después para la política minera de Mendoza, precisamente porque se produce con la Ley 7722 intacta.
En términos objetivos, la media sanción demuestra que:
- Es posible que un proyecto de minería metalífera obtenga aval legislativo sin desplazar las restricciones ambientales centrales de la 7722.
- La discusión deja de ser solo “minería sí o minería no” y se traslada, cada vez más, al terreno del “cómo, dónde y bajo qué controles” se puede desarrollar esta actividad.
- Cualquier iniciativa futura deberá asumir que la vara de evaluación será, como en este caso, alta, pública y atravesada por la ciencia, la comunidad y la política.
Para el desarrollo minero provincial, esta aprobación constituye un precedente concreto: bajo el marco jurídico más exigente del país en la materia, Mendoza abrió la puerta para que el cobre se incorpore gradualmente a su matriz productiva, siempre condicionado a superar un escrutinio ambiental, social y legislativo que ya no es teórico, sino real y probado.
En esa tensión –entre cuidado del agua y desarrollo productivo, entre licencia social y oportunidad económica– se jugará, proyecto por proyecto, el futuro de la minería bajo la 7722. San Jorge es, desde ahora, el primer caso testigo.
