La sede de PAMI en Malargüe atraviesa un conflicto judicial y administrativo vinculado al inmueble que ocupa sobre la avenida Rufino Ortega, donde funciona el Centro de Atención Personalizada que brinda servicios presenciales a jubilados y pensionados del departamento.
El Centro de Atención Personalizada Malargüe funciona en Av. Rufino Ortega 778 y es el único punto de atención presencial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en la ciudad.
El origen del conflicto se remonta al vencimiento del contrato de locación del inmueble, firmado en agosto de 2022 y finalizado el 31 de agosto de 2025. Los propietarios del edificio sostienen que, una vez concluido el acuerdo, el organismo continuó utilizando la propiedad sin una renovación contractual formal y con pagos pendientes correspondientes al período posterior.
De acuerdo con lo manifestado oportunamente por la familia González, propietaria del lugar, durante la vigencia del contrato se registraron demoras reiteradas en los pagos del alquiler, lo que motivó gestiones administrativas previas para redefinir las condiciones. Al no lograrse un acuerdo, se avanzó con intimaciones para la restitución del inmueble.
La representante legal de los propietarios informó que se otorgó un plazo de 45 días para la entrega del edificio, el cual habría vencido sin que se concretara la desocupación. También señaló que el contrato establecía obligaciones de mantenimiento a cargo del organismo nacional, las cuales no se habrían cumplido en su totalidad.
En el plano judicial, la disputa derivó en la presentación de una demanda de desalojo registrada en el Juzgado Federal de Mendoza N.º 2, Secretaría N.º 5. El expediente se encuentra en trámite y, hasta el momento, no se han dictado resoluciones de fondo ni órdenes de restitución del inmueble.
No se registran, por ahora, comunicaciones oficiales de PAMI que detallen su postura respecto del contrato, la ocupación del edificio o posibles alternativas para garantizar la continuidad del servicio. Tampoco se informó públicamente sobre planes de reubicación de la sede en caso de que avance el proceso judicial.
Mientras tanto, el edificio de Rufino Ortega sigue siendo el punto de referencia para los jubilados y pensionados que dependen de esa oficina para realizar trámites y gestiones vinculadas a la obra social.
El avance de la causa judicial y eventuales definiciones administrativas serán clave para determinar el futuro de la sede y la organización de la atención en el departamento.
.
