El cierre de cursos en la Electromecánica no solo dejó un conflicto educativo: dejó al descubierto fallas de anticipación, liderazgo y gestión que hoy obligan a toda la comunidad —y también al Estado— a aprender de lo ocurrido.
Lo ocurrido con la Escuela Electromecánica de Malargüe no debe leerse solo como el cierre de dos cursos. Debe leerse, también, como una señal de alarma. Porque cuando una comunidad se moviliza recién cuando la resolución ya está firmada, cuando el daño ya está hecho y cuando la decisión ya bajó desde un escritorio provincial, lo que queda expuesto no es solo un conflicto educativo: queda expuesta una falla institucional.
El gobierno provincial no dio marcha atrás. Los cursos cerrados siguen cerrados. Y aunque duela decirlo, probablemente era esperable. El Estado provincial no se mueve por emociones, ni por la presión del momento, ni por el dramatismo legítimo que puede generar una medida de estas características en una comunidad pequeña como la nuestra. El Estado se mueve por estadísticas, por proyecciones, por sistemas informáticos, por criterios de optimización de recursos. Así funciona. No porque sea inhumano por definición, sino porque administra un sistema enorme donde cada decisión busca sostener una lógica general.
Esa verdad administrativa puede resultar fría. Pero ignorarla sería aún más peligroso.
Porque si el Estado provincial actúa con esa lógica, entonces las comunidades y las instituciones deben aprender a anticiparse. Y ahí aparece la primera gran lección de este episodio: en Malargüe no podemos seguir reaccionando cuando ya es tarde. No podemos seguir descubriendo los problemas cuando ya se transformaron en resoluciones. No podemos seguir confiando en que, una vez tomada una decisión desde arriba, la marcha atrás llegará por indignación, por lágrimas o por buenas intenciones.
No suele suceder así. Y esta vez tampoco sucedió.
Ahora bien, sería cómodo cargar toda la responsabilidad en el gobierno provincial y cerrar allí el análisis. Pero un editorial no está para suavizar lo que incomoda; está para poner en palabras lo que una comunidad necesita pensar. Y desde esa mirada, la Electromecánica arrastra desde hace tiempo una fragilidad institucional que no puede negarse. La inestabilidad en su conducción, los movimientos, los cambios y las dificultades para consolidar un liderazgo estratégico no son un invento ni una maledicencia: son parte de una realidad conocida por quienes trabajan, estudian y siguen de cerca la vida de la escuela.
Toda institución necesita algo más que funcionamiento diario. Necesita cabeza. Necesita rumbo. Necesita alguien que mire más allá de la urgencia cotidiana y pueda leer a tiempo los riesgos, anticipar escenarios y defender estratégicamente a la institución. Cuando esa conducción falta o se debilita, los errores se pagan caro. Y eso también debe decirse.
También hay que mirar con honestidad la situación de los docentes. Muchos fueron notificados de golpe, sin margen, sin preparación y con la angustia concreta de perder horas de trabajo. Esa herida existe y merece ser reconocida. Pero también es cierto que la docencia estatal convive, desde siempre, con reglas duras: la estabilidad no siempre está garantizada en un curso, en una división o en una escuela determinada. Es parte de un sistema que combina vocación, servicio público y también una crudeza estructural que nadie debería romantizar.
Pero si hubo un sector que estuvo a la altura moral del conflicto, ese fue el de los estudiantes.
Mientras muchos adultos llegaron tarde, especularon o buscaron ubicarse políticamente, los jóvenes hicieron lo que debían hacer: se organizaron, hablaron, defendieron su escuela, pusieron el cuerpo y expresaron una idea de justicia. Algunos lloraron. Otros hablaron con una valentía conmovedora. Todos dejaron una enseñanza. En tiempos donde tantas veces se acusa a la juventud de apatía, los alumnos de la Electromecánica recordaron que la conciencia colectiva también se aprende en las aulas y que el liderazgo empieza muchas veces en un centro de estudiantes, en una asamblea, en una voz temblorosa que decide no callarse.
Ellos no fueron el problema. Fueron, acaso, la mejor parte de esta historia.
Por eso mismo, hay algo que debe quedar dicho con absoluta claridad: no puede haber cacería de brujas. Ni contra los alumnos que alzaron la voz, ni contra los docentes que se movilizaron para defender su fuente de trabajo, ni contra quienes hicieron circular información que permitió que la comunidad supiera lo que estaba ocurriendo. Lo hecho, hecho está. Y lo importante no es perseguir a quienes hablaron, sino comprender por qué se llegó a este punto.
Cuando después de un conflicto la preocupación pasa por saber quién filtró, quién habló con la prensa o quién convocó, se corre el eje. Y el eje no está ahí. El eje está en las responsabilidades, en la falta de anticipación y en los aprendizajes que cada actor debe asumir.
La Dirección General de Escuelas también tiene algo que aprender de todo esto. Si las decisiones se toman a partir de sistemas informáticos, proyecciones y registros, entonces esos sistemas deben ser lo más precisos, eficientes y sensibles posible. Porque una de las preguntas que quedó flotando en la comunidad es tan simple como contundente: ¿cómo puede cerrarse un primer año en una escuela que tiene demanda? Muchas familias intentaron inscribir a sus hijos en la Electromecánica y se encontraron con la respuesta de que no había banco. Pero esa demanda rechazada, muchas veces, no quedó registrada formalmente en ningún lugar. Y si no queda registrada, entonces no existe para el sistema. Y si no existe para el sistema, la decisión se toma sobre un dato incompleto.
Ahí hay un aprendizaje ineludible para el gobierno provincial. Mejorar los mecanismos de registro de aspirantes, dejar asentada la demanda real de bancos y conocer con mayor precisión el movimiento de cada institución no es un detalle técnico: es una necesidad de gestión. Si el Estado decide por números, entonces esos números deben reflejar la realidad completa, no solo la parte que el sistema alcanza a ver.
También los niveles de supervisión deberían poder advertir con mayor claridad qué ocurre en cada escuela, cuáles son sus dinámicas, sus demandas, sus alertas y sus particularidades. Porque la eficiencia no se construye solamente con planillas; también se construye con conocimiento real del territorio.
La política otra vez tarde y con reflejos anestesiados. No diremos más.
La batalla por los cursos, hoy, está perdida. Esa es la realidad. Pero sería imperdonable perder también el aprendizaje.
Malargüe debe sacar de este golpe una madurez nueva. Debe entender que las instituciones necesitan liderazgo firme, que los conflictos deben advertirse antes de que estallen, que la participación estudiantil es un valor democrático que debe cuidarse, que no puede haber persecuciones internas y que ninguna comunidad se fortalece negando sus errores.
No hay derrotas, solo aprendizajes. Pero el aprendizaje solo existe cuando hay coraje para mirar de frente lo que falló.
Y aquí falló la anticipación. Falló la conducción. Falló la lectura a tiempo de una amenaza que terminó convirtiéndose en hecho. Y también quedó claro que el propio Estado todavía puede mejorar sus herramientas para que las decisiones administrativas sean más justas, más precisas y más conectadas con la realidad.
Que no se pierda, entonces, la lección. Porque una comunidad que no aprende de sus retrocesos está condenada a repetirlos. Y un Estado que responde buscando culpables en lugar de revisar sus procedimientos también corre el riesgo de volver a equivocarse.
Malargüe merece algo mejor: merece convertir este dolor en conciencia, esta frustración en madurez y esta herida en un punto de inflexión.
