

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), luego de que se anunciaran medidas de acción gremial previstas entre el 18 y el 24 de marzo en aeropuertos de todo el país.

Las medidas sindicales habían sido notificadas en tiempo y forma e incluían restricciones operativas en franjas horarias determinadas, con impacto principalmente en despegues y tareas en tierra.
El conflicto tiene origen en un reclamo salarial vinculado a un ítem que había sido acordado previamente en negociaciones paritarias. Según indicaron trabajadores del sector, el Gobierno nacional suspendió la aplicación de ese incremento, incluso cuando ya figuraba en recibos de sueldo emitidos, lo que derivó en pagos sin ese aumento y generó el reclamo.
Tras más de un mes de negociaciones sin acuerdo, se convocaron medidas de acción directa para los días 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo, dentro de un esquema de alcance nacional.

Sin embargo, en la tarde de este martes, la autoridad laboral resolvió dictar la conciliación obligatoria en el marco de la Ley Nº 14.786. Esto implica la suspensión inmediata de las medidas gremiales y el inicio de un período de negociación de 15 días.
La disposición establece que los trabajadores deben cesar las medidas de fuerza y retomar sus tareas habituales, mientras que el organismo empleador debe garantizar las condiciones laborales sin aplicar sanciones, con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
En el caso de Malargüe, el impacto previsto era limitado debido a la falta de vuelos comerciales regulares. Las medidas afectaban únicamente a vuelos privados que operaran en determinados horarios.

Durante esas franjas, no se autorizaban despegues, aunque se garantizaba la asistencia para el aterrizaje de aeronaves en vuelo, priorizando la seguridad operativa.
También se aclaró que quedaban exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados a trasplantes de órganos.
A nivel regional, el impacto podía ser mayor en aeropuertos con actividad comercial regular, como el de San Rafael. En Malargüe, en cambio, la afectación se limitaba a operaciones puntuales.
Con la conciliación obligatoria en vigencia, las medidas quedan suspendidas y se abre una instancia de diálogo que será clave para definir la continuidad del conflicto en el sector aeronáutico.
Fuente: Gobierno de la Nación Argentina










