Por Por Alejandro Totino, Profesor de Educación Técnica, Referente de Educación del Instituto Alternativa.
El proyecto de Ley de Educación Provincial difundido por la Dirección General de Escuelas no debe ser debatido ni tratado por la Legislatura.
Hay varios motivos para sostener esta postura. El más evidente es la forma inconsulta y apresurada en que se dio a conocer, sin haber analizado y acordado con los diferentes sectores representativos de la sociedad, la comunidad educativa ni el arco político.
Otro factor que conspira contra el tratamiento del proyecto es la actual situación de pandemia y, por lo mismo, la emergencia que atraviesa el Sistema Educativo. Esto configura un cuadro de situación en el que docentes padres y alumnos se hallan al borde del colapso para cumplir mínimamente con los requisitos pedagógicos para acreditar el ciclo lectivo. Mal se puede pretender una discusión seria y profunda en este marco.
En cuanto al Proyecto de Ley en sí, surge de su lectura y análisis un evidente sesgo neoliberal, privatista y mercantilista de la educación. Deja la puerta abierta de par en par a Fundaciones, Empresas y organismos internacionales para ofrecer servicios rentados al sistema. Evaluación, capacitación, modernización son conceptos que esconden los negocios que se pretenden instalar en la educación.
No puede dejar de mencionarse la clara intención de precarización laboral que trae incluido. La potestad al Director General de Escuelas de modificar el Estatuto del Docente o la regulación del Teletrabajo docente, todo esto tan inconsulto como el resto del proyecto, va claramente en ese sentido.
A modo de contrapropuesta, el camino de la elaboración de un proyecto de Ley de Educación debería pasar por concebir a las instituciones escolares, un territorio repleto de conceptos y lenguajes para aprender a mirar, leer, interpretar, comparar, recrear, sistematizar y sintetizar la realidad. Y también para intentar transformarla parcialmente con gestos pequeños pero poderosos. Las experiencias de aprendizaje, servicio y otras prácticas comunitarias similares apuntan precisamente en esta dirección, activando procesos formativos, de sensibilización e intervención social.
Una de las funciones es convertirse en un nexo o nodo que dinamiza y articula los espacios, proyectos, agrupaciones escolares variables, entidades culturales y colectivos sociales que enriquecen tanto el currículo escolar como extraescolar, lo que se aprende en la escuela y fuera de ella. La escuela, liderada por un equipo directivo que sepa escuchar y aprovechar las capacidades de cada docente, tiene el reto de generar en todas y cada una de las aulas procesos de aprendizaje profundos, con sentido y contextualizados.
En resumen, todo el proyecto no es más que un disfraz para una reasignación de recursos, hoy ya escasos, hacia sectores más emparentados con el lucro que con una educación que vele por el derecho a la igualdad, equidad, recursos pedagógicos y tecnológicos, entre otros, de los niños y jóvenes de la Patria.
