A meses del traslado de la oficina de PAMI en Malargüe, continúan las disputas por el edificio de calle Av. Rufino Ortega. La intervención legal busca esclarecer el origen del conflicto y su estado actual.
A varios meses del traslado de la oficina local del PAMI desde su sede ubicada en calle Av. Rufino Ortega, casi Av.Roca, el conflicto que motivó la mudanza aún no ha sido resuelto. Si bien la atención al público se normalizó en el nuevo domicilio de Saturnino Torres 342, la situación vinculada al inmueble que ocupaba anteriormente el organismo continúa generando repercusiones.
En diálogo con este medio, la abogada interviniente en el caso explicó que aún se encuentran en curso distintas instancias de análisis y gestión vinculadas a la situación legal del inmueble. Sus declaraciones apuntan a esclarecer tanto el origen de la disputa como el estado actual del proceso, en un contexto donde no se han difundido comunicados oficiales detallados por parte del organismo ni de otras partes involucradas.
“Nosotros, como bien informamos la vez pasada, habíamos iniciado la demanda de desalojo en Mendoza, en el fuero federal. Una vez que se inició esa demanda, ellos tornaron la situación y nos hicieron la entrega de las llaves de la propiedad, a través de un escribano, dejándolas en consignación”, explicó la doctora Eugenia González, abogada de la causa.
La letrada detalló además que no fue posible realizar una constatación conjunta del estado del inmueble al momento de la restitución. “Nos vimos comprometidos y debimos recurrir a otro escribano para, una vez recibidas las llaves, armar un acta donde dejamos constancia de que no pudimos hacer la verificación con ambas partes. Allí también se incorporaron fotos que evidencian el deterioro, la falta de mantenimiento y distintos daños en la propiedad”, indicó.
De acuerdo a lo señalado, el conflicto tendría su origen en desacuerdos vinculados al uso y las condiciones contractuales del edificio. Estas diferencias habrían derivado en la decisión de trasladar la sede, priorizando la continuidad del servicio a los afiliados por sobre la resolución inmediata del problema administrativo o legal.
Desde el organismo, en tanto, se garantizó la normal prestación de servicios en la nueva sede, lo que permitió evitar interrupciones en la atención. Sin embargo, la falta de precisiones públicas sobre el conflicto mantiene la incertidumbre tanto en la comunidad como en sectores vinculados a la gestión institucional.
El caso pone de relieve la complejidad que pueden adquirir las situaciones vinculadas a inmuebles utilizados por organismos públicos, especialmente cuando existen contratos o acuerdos previos que requieren revisión o interpretación. Este tipo de conflictos suele extenderse en el tiempo debido a los procedimientos legales que deben cumplirse.
En este contexto, la familia propietaria debió hacerse cargo de las reparaciones y mejoras de infraestructura necesarias para poder volver a ofrecer el salón en alquiler, tras constatarse distintos daños en el inmueble. Según indicaron, se trata de un ingreso fundamental, ya que los propietarios perciben una pensión mínima y se sostienen económicamente a partir del alquiler de sus locales, entre ellos este espacio que actualmente se encuentra nuevamente disponible.
En Malargüe, el tema ha despertado interés debido al impacto institucional que implica el funcionamiento de una oficina como PAMI, que atiende a una importante cantidad de afiliados. Si bien el servicio continúa operativo, el trasfondo del conflicto sigue siendo un punto pendiente.
A futuro, se espera que las partes involucradas puedan avanzar hacia una instancia de resolución que permita cerrar el conflicto y brindar mayor transparencia sobre lo ocurrido. La información oficial será clave para comprender el alcance real de la situación.
Fuente: Entrevista Diario Digital Ser y Hacer de Malargüe.
