El municipio de Malargüe confirmó que colabora con la Justicia en la investigación por una camioneta de Servicios Públicos secuestrada para peritaje. Autoridades aseguraron que existe registro GPS de las movilidades y que se inició una investigación interna.
El asesor letrado de la Municipalidad de Malargüe salió a brindar declaraciones en el día de hoy, confirmando que el Ejecutivo se encuentra colaborando con la Justicia en el marco de una investigación vinculada a un presunto siniestro vial que involucraría a una camioneta de Servicios Públicos. Según informó el asesor Fernando Marchetti, el vehículo fue secuestrado el martes pasado por personal de investigaciones para ser sometido a peritajes, y hasta el momento continúa bajo análisis.
De acuerdo a las declaraciones oficiales, «la unidad en cuestión se encontraba operativa al momento del procedimiento» y que aguardan los resultados de las pericias para que el rodado pueda ser restituido y retomar sus funciones habituales dentro del área municipal. Asimismo, indicó que la persona señalada como posible conductor de la movilidad, (hermano de un funcionario) al momento del presunto siniestro se encontraba de licencia, según los registros administrativos del municipio.
En paralelo, el municipio inició una investigación sumaria interna con el objetivo de esclarecer los hechos. Esta medida busca determinar si existió alguna irregularidad administrativa, en consonancia con el proceso judicial en curso. Desde el Ejecutivo señalaron que están brindando toda la información requerida por la Fiscalía.
Asimismo, se confirmó que funcionarios y empleados vinculados al área ya han prestado declaración. Entre ellos, se mencionó a Omar Villar, quien ratificó declaraciones previas realizadas por otro integrante del área. Estas instancias forman parte del proceso de recolección de testimonios que lleva adelante la Justicia.
Respecto a las versiones difundidas en redes sociales, que sugieren que el vehículo habría protagonizado un siniestro y posteriormente reparado, Marchetti explicó que «no tienen conocimiento de que eso haya ocurrido». Sin embargo, aclararó que será la Justicia quien determine la veracidad o no de esa hipótesis.
En ese sentido, detalló que «todas las movilidades municipales cuentan con sistema de geolocalización (GPS), lo que permite registrar recorridos, horarios y responsables de conducción». Esta información ya fue puesta a disposición de la investigación judicial como parte de las pruebas técnicas.
Las autoridades también señalaron que el caso tomó estado público a partir de comentarios y versiones que circularon en redes sociales, lo que generó preocupación institucional.
Por otro lado, se aclaró que la intervención judicial se inició de oficio por parte de la Fiscalía, antes de cualquier presentación formal del municipio. Una vez que las autoridades locales tomaron conocimiento de la situación, se pusieron a disposición para colaborar activamente con la investigación.
Finalmente, desde el Ejecutivo destacaron que, en caso de comprobarse alguna irregularidad, se adoptarán las medidas correspondientes.
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