Malargüe se sumó al paro nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad con una concentración en la Plaza San Martín. Referentes locales cuestionaron un proyecto de ley en tratamiento en el Senado y advirtieron sobre el impacto en pensiones, prestaciones y acceso a servicios.
Malargüe se sumó al paro nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad con una concentración en la Plaza San Martín, donde referentes del sector expresaron su preocupación por un proyecto de ley en tratamiento en el Senado que podría modificar criterios de acceso a pensiones y prestaciones.
Durante la jornada, Miguelina Apugliese de Consultorios Integra2 advirtió sobre el impacto conceptual de la iniciativa, al señalar que «toman a la persona con discapacidad como inválido», una categoría que, según expresó, «no se utilizaba desde hace décadas». La referente sostuvo que el cambio implicaría un retroceso en el reconocimiento de derechos.
Según explicó, uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación en los criterios de acceso a pensiones, ya que se pasaría de considerar la discapacidad en términos generales a un enfoque de invalidez laboral absoluta. Esto implicaría que solo quienes no puedan realizar ninguna actividad accederían al beneficio económico.
Apugliese también cuestionó la posibilidad de que las obras sociales definan de manera individual los valores de las prestaciones. Señaló que esto podría generar desigualdades en el acceso a tratamientos, ya que los prestadores podrían aceptar o rechazar convenios según la conveniencia económica, afectando la equidad del sistema.
Otro aspecto señalado fue la situación de las juntas evaluadoras, que actualmente presentan demoras y dificultades en distintas regiones del país. En este contexto, planteó la preocupación ante la posibilidad de que se exija la revalidación de certificados de discapacidad, lo que podría generar interrupciones en los beneficios.
Eliana Perea, directora del Centro de Día Recrear, indicó que la situación económica de las instituciones es crítica. Explicó que los valores del nomenclador no se actualizan desde hace tiempo y que, desde octubre del año pasado, se registran demoras en los pagos, lo que afecta el funcionamiento de los centros.
Perea remarcó que esta situación impacta directamente en los profesionales que trabajan en las instituciones y en la continuidad de los servicios. Según indicó, muchos espacios enfrentan dificultades para sostener sus actividades debido a la falta de recursos.
En el plano local, los manifestantes señalaron la importancia de una mayor participación de la comunidad y de los actores vinculados al área. Destacaron que la discapacidad no es una condición aislada, sino una realidad que puede atravesar a cualquier persona en distintos momentos de la vida.
Finalmente, los participantes coincidieron en la necesidad de sostener el reclamo a nivel nacional y de promover instancias de diálogo que permitan garantizar el acceso equitativo a prestaciones, tratamientos y apoyos para las personas con discapacidad.
