La delegada administrativa de la DGE, Fabiana Glatigny, explicó que la medida de asistir sin mochila no fue una decisión aislada de cada directivo, sino una acción excepcional prevista en el protocolo provincial ante mensajes intimidatorios dentro de las escuelas.
Ante las amenazas e intimidaciones detectadas en establecimientos educativos de Mendoza, y que también tuvieron impacto en Malargüe, tres escuelas primarias del departamento debieron activar el protocolo oficial de actuación dispuesto por la Dirección General de Escuelas.
Así lo confirmó la delegada administrativa de la DGE en Malargüe, Fabiana Glatigny, quien aclaró que medidas como el ingreso sin mochila no responden a decisiones particulares de cada equipo directivo, sino a la aplicación de un procedimiento provincial previsto para estos casos.
“Nunca se activa un protocolo si no se ha detectado que haya un mensaje de intimidación”, explicó la funcionaria, al remarcar que estas acciones no se toman de manera preventiva general, sino únicamente cuando aparece una amenaza concreta en la institución.
Según detalló, en los casos detectados en Malargüe se trató de carteles o mensajes intimidatorios hallados dentro de escuelas primarias, lo que obligó a activar el circuito establecido por el protocolo.
Cómo se activa el protocolo
De acuerdo con la explicación brindada por Glatigny, cuando una escuela detecta una amenaza o un mensaje intimidatorio debe comunicar de inmediato la situación a la DAE, dar aviso a Supervisión y a la Dirección de Línea correspondiente según el nivel educativo.
En paralelo, se debe dar intervención al 911, para que personal policial concurra al establecimiento, constate la situación y avance con las actuaciones de rigor. Además, la denuncia puede realizarse de manera presencial o también mediante el sistema online de Fiscalía.
El protocolo también indica que debe hacerse la preservación de la evidencia, registrando fotográficamente el mensaje para la denuncia judicial y procediendo luego a su eliminación física inmediata, con el fin de evitar su viralización.
Por qué algunos chicos fueron sin mochila
Uno de los puntos que más inquietud generó entre las familias fue la restricción del uso de mochilas. Sobre esto, Glatigny fue terminante: no se trató de una prohibición general, sino de una medida excepcional y preventiva incluida en el protocolo.
El texto oficial establece que, en determinados contextos, los estudiantes deben asistir únicamente con carpeta y cartuchera, sin mochila, y en muchos casos con esos elementos en bolsas transparentes, para facilitar el control visual al ingreso.
La funcionaria explicó que esta medida busca restringir el ingreso a los elementos estrictamente necesarios para la actividad escolar mientras se desarrolla la situación de emergencia. En la práctica, esto permite a la institución reforzar los controles y reducir riesgos.
También señaló que la duración de esta disposición no es fija, sino que depende de cómo evolucione cada caso y de las autorizaciones que se gestionan desde la Dirección General de Escuelas. Puede sostenerse durante dos, tres o cuatro días, o levantarse antes si la situación se normaliza.
No fue decisión de cada directivo
Otro de los puntos aclarados por la funcionaria fue que la aplicación de estas medidas no quedó librada al criterio personal de cada director.
“Es un protocolo”, insistió Glatigny, al señalar que los equipos directivos deben cumplir con los pasos establecidos por la DGE. Es decir, la restricción del uso de mochilas, los controles reforzados y las comunicaciones a las familias forman parte de un procedimiento institucional ya previsto para este tipo de casos.
Qué otras medidas contempla
Además del control de pertenencias, el protocolo establece una serie de acciones dentro de la escuela. Entre ellas, una inspección previa de baños, pupitres y espacios comunes, especialmente en la primera franja horaria, para detectar cualquier mensaje, inscripción u objeto sospechoso.
También dispone una estrategia de acompañamiento preventivo y supervisión de espacios comunes, con participación del personal institucional, y prevé medidas de abordaje desde el Servicio de Orientación Escolar.
En ese marco, se incluyen Primeros Auxilios Psicológicos para estudiantes con crisis de ansiedad o miedo derivadas de la amenaza, además de intervenciones grupales para contextualizar lo ocurrido, desactivar rumores y reforzar la idea de la escuela como un espacio protegido.
Comunicación con las familias y corresponsabilidad
Glatigny indicó que, cuando se aplica el protocolo, las familias son notificadas formalmente por la institución. Esa comunicación debe informar la situación con prudencia, transmitir previsibilidad y explicar qué medidas regirán, por ejemplo, el modo en que los alumnos deberán asistir al día siguiente.
El documento también establece que no debe replicarse el texto de la amenaza para evitar generar pánico o amplificar el episodio.
A su vez, el protocolo marca un apartado específico de corresponsabilidad familiar, donde se solicita a madres, padres o tutores abrir espacios de diálogo con sus hijos, supervisar redes sociales, revisar pertenencias y conversar sobre las consecuencias legales de este tipo de hechos, encuadrados como “intimidación pública”.
También se remarca la importancia de observar cambios bruscos de conducta o indicadores de ansiedad en niños y adolescentes.
Un tema con derivación policial y judicial
La funcionaria subrayó que estas situaciones no se toman como bromas ni como hechos menores. Cada amenaza obliga a activar un circuito institucional que incluye intervención policial, denuncia formal y resguardo de evidencia.
Por eso, el protocolo insiste en evitar la difusión en redes sociales personales tanto por parte de docentes como del personal no docente, y establece que la comunicación debe ser estrictamente oficial, para no generar desinformación.
En los casos en que se logre identificar a los responsables, la situación puede avanzar en el ámbito judicial, en un contexto en el que las autoridades buscan desalentar este tipo de hechos y reforzar la responsabilidad de los adultos en el acompañamiento y supervisión de los estudiantes.
Un protocolo excepcional, no una medida general
Con esa definición, Glatigny buscó despejar una de las principales dudas surgidas en la comunidad educativa: lo ocurrido en Malargüe no fue una prohibición generalizada ni una decisión arbitraria, sino la aplicación de un protocolo excepcional frente a amenazas concretas detectadas dentro de establecimientos escolares.
En ese marco, la medida que más visibilidad tuvo —el ingreso sin mochila— fue apenas una parte de un dispositivo más amplio que incluye denuncia, intervención policial, controles internos, comunicación formal con las familias y acompañamiento institucional a los estudiantes.
La Campaña del Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza recomienda a la comunidad establecer espacios de diálogo, intercambio y escucha en pos de prevenir la participación de niños, niñas y adolescentes en retos que se viralizan a través de las redes sociales con fines delictivos.
. Se recuerda que el hecho de escribir mensajes amenazantes, tal como se ha registrado en escuelas en los últimos días, lejos de ser un juego o una broma que no representa un impacto, es un delito que está contemplado en la legislación vigente.
. Dichas conductas son factibles de ser encuadradas en amenazas, apología del delito e intimidación pública.
. Entre las consecuencias de este accionar tanto para los/las menores que lo cometan como para sus responsables a cargo, van desde la intervención policial, la iniciación de una causa judicial, el allanamiento en el domicilio hasta el secuestro de celulares, computadoras y/o dispositivos electrónicos.
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