La Cámara de Comercio de Malargüe integra el grupo de 25 entidades empresariales de Mendoza que solicitaron al gobernador Alfredo Cornejo medidas urgentes para sostener a las pymes. El Gobierno provincial respondió que la mayoría de los pedidos son de competencia nacional, pero anticipó que conformará una mesa técnica para analizar lo que depende de Mendoza.
La Cámara de Comercio de Malargüe integra el grupo de 25 entidades empresariales mendocinas que enviaron una carta formal al gobernador Alfredo Cornejo para solicitar medidas urgentes frente a la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la provincia. El pedido incluye nueve puntos concretos y se enmarca en uno de los pronunciamientos más amplios del sector privado mendocino de los últimos años.
El documento, presentado el miércoles 22 de abril, lleva la firma de cámaras que representan al comercio, la industria, la vitivinicultura, la agricultura, el turismo, la construcción y los servicios. Entre las entidades aparecen la Unión Industrial de Mendoza, la Federación Económica de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial, ACOVI, y las cámaras de comercio departamentales de San Martín, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe.
En el escrito, los empresarios describen un escenario marcado por recesión prolongada, presión fiscal elevada, restricciones de crédito, falta de liquidez, capacidad ociosa y suba sostenida de costos en insumos y logística. La carta subraya que ese cuadro compromete la sostenibilidad del entramado productivo provincial y exige decisiones de corto plazo para preservar empleo y unidades productivas.
Los nueve puntos del pedido incluyen el diferimiento de pagos por 180 días con postergación de ejecuciones fiscales y levantamiento de embargos e inhibiciones bancarias, alivio financiero con reducción de tasas en planes de pago ante ARCA y ATM, y revisión del gasto público estructural como condición para bajar la presión impositiva.
El paquete suma además una baja de la carga impositiva sobre el consumo energético productivo, prioridad para obras públicas de pequeña y mediana escala con derrame rápido en la economía local, financiamiento productivo más accesible, adhesión provincial al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y una advertencia sobre el endeudamiento provincial: las cámaras pidieron no avanzar en nuevos compromisos sin reevaluar las cuentas públicas.
La respuesta del Gobierno provincial llegó pocos días después. A través de una nota escrita firmada por Cornejo y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, el Ejecutivo reconoció el escenario complejo, pero aclaró que la mayoría de los planteos son de exclusiva competencia nacional. En el mismo documento, el mandatario anticipó la conformación de una mesa técnica para evaluar la viabilidad de los pedidos provinciales sin comprometer el equilibrio fiscal.
El telón de fondo del reclamo se apoya en datos económicos preocupantes. El titular de la Unión Industrial de Mendoza, Matías Díaz Telli, aseguró que el 70% de las pymes mendocinas tiene dificultades para pagar impuestos y proveedores. A su vez, el presidente de ASINMET, Fabián Solis, declaró que el 33% de las empresas metalmecánicas de la provincia atraviesa problemas de embargos.
Para Malargüe, el reclamo tiene una traducción directa. El departamento concentra una matriz pyme integrada por comercios, prestadores turísticos, proveedores de servicios para la actividad hidrocarburífera y minera, y pequeñas industrias de servicios. Por su distancia respecto del Gran Mendoza, los costos logísticos y energéticos pesan más en la estructura de gastos, lo que vuelve especialmente sensibles los puntos referidos a tarifas energéticas, financiamiento y obra pública local de pequeña escala.
La obra pública de mediana y pequeña escala mencionada en el pedido es históricamente un motor relevante para departamentos del sur provincial. En esos casos, suele sostener empleo en corralones, metalmecánica, transporte, alquiler de maquinaria y comercios de cercanía. La paralización de proyectos financiados por Nación, mencionada en el documento empresarial, impacta con mayor fuerza a economías regionales con menor diversificación.
El intercambio entre cámaras y Gobierno abre ahora una etapa de definición. La mesa técnica anunciada por Cornejo deberá precisar qué medidas provinciales son viables en el corto plazo, mientras las entidades empresariales anticiparon que también llevarán los pedidos al Gobierno nacional para reclamar una política industrial integral. La participación de la Cámara de Comercio de Malargüe en ese proceso permitirá visibilizar las urgencias específicas del departamento dentro del paquete general.
Las pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor fuente de empleo registrado en Argentina y son particularmente sensibles a variables como el costo del crédito, la presión tributaria y la demanda interna. Por ese motivo, los reclamos sectoriales suelen funcionar como termómetro de la actividad económica regional.
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