Un control preventivo de Gendarmería en el cruce de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 221, en Malargüe, terminó con el secuestro de 30 cartuchos de explosivo Gelamón VF 80%. La intervención pasó a la órbita judicial con participación fiscal y personal especializado.
Un procedimiento de control vehicular realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el sur mendocino derivó en el secuestro de material explosivo que era transportado en un vehículo interceptado en Malargüe. El operativo se desarrolló en un punto clave de circulación: la intersección de la RN 40 con la RP 221, un cruce que conecta el tránsito local con corredores de larga distancia y accesos a zonas de actividad productiva y turística.
De acuerdo con la información oficial difundida por Gendarmería, durante la inspección del rodado los uniformados detectaron treinta cartuchos de explosivo del tipo Gelamón VF 80%, un material de uso industrial que requiere condiciones estrictas para su transporte y almacenamiento. La presencia de este tipo de carga, fuera de los carriles administrativos y de seguridad correspondientes, activa de inmediato protocolos específicos por riesgo: no solo por la peligrosidad intrínseca del producto, sino también por la necesidad de preservar evidencia y determinar responsabilidades.
Tras el hallazgo, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispuso medidas de rigor para avanzar en la investigación y establecer si existía autorización para el traslado, si el material estaba debidamente documentado y cuál era la trazabilidad del cargamento. En paralelo, se convocó a personal especializado para la evaluación técnica del material incautado, una instancia habitual cuando se trata de explosivos, debido a que su manipulación demanda criterios de seguridad que exceden a un control vehicular convencional.
El procedimiento vuelve a poner el foco en un punto sensible para Malargüe: los controles sobre rutas estratégicas, especialmente en temporadas o franjas horarias donde se incrementa el movimiento de vehículos vinculados a actividades productivas, logística y turismo. Sin necesidad de generar alarma, el hecho es relevante porque evidencia que los operativos preventivos pueden detectar cargas de alto riesgo antes de que ingresen a circuitos no controlados o a zonas urbanas, y porque obliga a reforzar una discusión pública recurrente: la necesidad de transparencia y trazabilidad cuando se transportan sustancias peligrosas.
En estos casos, el curso judicial suele centrarse en tres ejes: origen y destino del material, documentación habilitante (si la hubiera) y condiciones del traslado. También se evalúa si existieron infracciones administrativas o delitos asociados, y qué responsabilidades corresponden a quienes intervinieron en la cadena de adquisición, guarda y movimiento del explosivo. La comunicación oficial no detalla públicamente todos esos puntos —algo habitual cuando la causa está en etapa inicial—, pero confirma la intervención fiscal y el secuestro del material como evidencia principal.
En términos de seguridad, el caso también funciona como recordatorio para la comunidad: los explosivos industriales no solo están regulados, sino que su control se articula entre fuerzas federales, justicia y áreas técnicas. En un departamento extenso y con corredores que conectan zonas productivas, pasos internacionales y rutas nacionales, el impacto de este tipo de hallazgos excede el hecho policial y se proyecta sobre la prevención.
Con la actuación judicial en curso, el seguimiento informativo deberá enfocarse en lo verificable: qué determinó la fiscalía sobre el traslado, si existían permisos, qué medidas se adoptaron con el material incautado y si se establecen sanciones o imputaciones. Hasta que eso ocurra, el dato central permanece: Gendarmería detectó y secuestró 30 cartuchos de Gelamón VF 80% en un control sobre la RN 40 en Malargüe, con intervención fiscal y técnica.
FUENTE Gendarmería Nacional
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