La concejal Silvina Camiolo aseguró que, durante una visita al Galpón Municipal, detectaron falta de autoridades responsables, vehículos fuera de servicio y condiciones de higiene y seguridad “inaceptables”. También cuestionó la distribución de horas extras y reclamó una comisión investigadora en el HCD.
El funcionamiento cotidiano de Malargüe —desde el mantenimiento de calles hasta la logística básica de los servicios públicos— tiene un corazón operativo: el Galpón Municipal. Por eso, cuando ese espacio se desordena, el impacto no queda puertas adentro. Se traduce en demoras, fallas y un deterioro directo de la calidad de vida.
En ese marco, la concejal Silvina Camiolo hizo públicas declaraciones luego de una recorrida por el lugar. Su diagnóstico fue contundente: habló de un “panorama devastador”, señaló “acefalía” en la conducción y describió problemas tanto operativos como laborales.
Uno de los ejes principales de su denuncia fue la ausencia de referentes jerárquicos en el predio. Según relató, durante la visita no fueron recibidos ni por un director ni por un secretario del área vinculada a Servicios Públicos. Camiolo indicó que el propio personal les transmitió que “no se apersona ninguna figura” para canalizar inquietudes internas y que, tras cambios en el esquema de funcionamiento, el espacio habría quedado sin responsables visibles para gestionar demandas cotidianas.
La segunda alarma, dijo, fue el estado del parque automotor. La concejal mencionó la existencia de unidades viejas fuera de servicio, pero remarcó además un punto sensible: vehículos más nuevos, incorporados por leasing, también estarían parados por “inversiones mínimas” pendientes. En la práctica, advirtió, eso implica recursos inmovilizados cuando el municipio necesita capacidad operativa constante. En coberturas previas sobre el tema ya se había señalado la presencia de móviles deteriorados o incompletos y observaciones sobre vehículos en uso dentro del predio.
En su exposición, Camiolo agregó un componente que suele tensar cualquier discusión: el clima laboral. Afirmó haber percibido “muchísimo malestar” por la quita discrecional de ítems salariales y por el otorgamiento de horas extras a un grupo reducido de trabajadores, que —según la versión que recogió— estaría ligado a la gestión. En este punto, la concejal marcó una diferencia: reconoció que el Concejo Deliberante no tiene facultades para intervenir en paritarias o negociaciones salariales directas, por lo que indicó a los trabajadores que canalicen esos reclamos por vías formales (gremio, patronal y organismos competentes).
Sin embargo, sostuvo que sí existe margen de acción política e institucional cuando lo que está en juego son condiciones de trabajo, higiene y seguridad, y el cumplimiento de obligaciones de los funcionarios a cargo. Allí elevó el tono: describió presencia de roedores, falta de higiene, “olores nauseabundos” en áreas administrativas y ausencia de un referente técnico o profesional en el lugar, algo que vinculó con el deber de garantizar condiciones seguras. En su planteo, el cuadro no sólo sería un problema interno: podría transformarse en un riesgo sanitario para quienes trabajan allí si no se corrige con urgencia.
En ese tramo, la concejal mencionó específicamente el hantavirus como ejemplo de enfermedad asociada a roedores, para subrayar la gravedad potencial de la situación. Sin afirmar brotes ni contagios, la advertencia apuntó a la prevención: cuando hay señales de insalubridad, la respuesta esperable no es la minimización sino la intervención con protocolos, limpieza, control de plagas y verificación técnica.
Con ese diagnóstico como base, Camiolo explicó por qué impulsó un pedido de comisión investigadora para este tema. Señaló que es una herramienta prevista por la Ley Orgánica de Municipalidades de Mendoza (Ley 1079) y que la intención era avanzar con una investigación formal sobre lo que ocurre en el área de Servicios Públicos.
Según relató, el proyecto no logró el acompañamiento del oficialismo y de algunos concejales —a quienes describió como “nuevos” dentro de la oposición— que prefirieron un camino alternativo: presentarse ante el intendente y buscar una instancia de diálogo y negociación. La diferencia de estrategias es clave: de un lado, la investigación institucional con reglas, citaciones y producción de información; del otro, una negociación política directa con el Ejecutivo.
Camiolo, en cambio, dejó una frase que marca el foco de su reclamo: sostuvo que el intendente “está al tanto” de la situación y, si no lo estuviera, lo consideró “muy grave” por lo que implica en la cadena de mando. En su argumento, Servicios Públicos “es el corazón de la municipalidad” porque cualquier irregularidad o mal funcionamiento se siente inmediatamente en la vida diaria de la población.
Cerró con una definición política: aseguró que continuará trabajando el tema, aun sin el aval para una comisión investigadora, y expresó su “disconformidad” con el manejo del área, diferenciando las decisiones administrativas “detrás de un escritorio” del trabajo de los empleados.
Lo que queda abierto, desde aquí, es lo más importante para el vecino: ¿habrá una respuesta oficial con medidas concretas, cronograma de mejoras e información verificable? Si el problema es operativo, el municipio puede mostrar un plan de reparación de unidades, compras o mantenimiento. Si el problema es sanitario y de seguridad, puede transparentar inspecciones, actuaciones y acciones correctivas. Y si el problema es institucional, la pregunta de fondo es quién conduce, controla y da la cara en un área que sostiene gran parte de los servicios esenciales.
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