Julio Cobos presentó un pedido ante el Fiscal de Estado de Mendoza para que investigue la situación de las rutas nacionales y la eventual responsabilidad patrimonial del Estado Nacional. El planteo menciona, entre otras, las rutas 7, 40, 143, 144, 145 y 146, corredores clave para el transporte, el turismo, la minería, la producción y la conexión regional.
Julio Cobos pidió que el Fiscal de Estado de Mendoza intervenga por la situación de las rutas nacionales en Mendoza y reclame información a la Nación sobre el mantenimiento, los fondos afectados a infraestructura vial y la eventual responsabilidad patrimonial del Estado Nacional.
El planteo fue difundido por Mendoza Post y Memo, y está dirigido a que Fiscalía de Estado abra actuaciones administrativas para analizar si hubo recursos nacionales destinados legalmente a obras viales que no fueron aplicados a esa finalidad. También solicita determinar si esa omisión derivó en deterioro de rutas y obligó a Mendoza a financiar intervenciones que corresponderían a la jurisdicción nacional.
Cobos pone especial atención en la situación de las rutas nacionales 7, 40, 143, 144, 145 y 146. La presentación sostiene que la deficiente conservación de esos corredores no constituye solamente un problema local, sino que afecta el comercio exterior, el transporte de cargas, la integración regional, la actividad minera, la producción agroindustrial, el turismo, la circulación de personas y la posición estratégica de Mendoza como corredor internacional.
El texto también hace foco en la Ruta Nacional 7, a la que considera estratégica por su vínculo con el corredor bioceánico y la conexión con Chile. Sin embargo, el alcance del pedido excede ese tramo y abarca otras rutas nacionales que atraviesan la provincia, entre ellas corredores de fuerte incidencia para el sur mendocino.
Para Malargüe, el tema tiene una lectura territorial directa. La Ruta Nacional 40 forma parte de la conectividad central del departamento, mientras que los corredores nacionales que articulan el sur provincial son determinantes para el turismo, la producción, la actividad minera, los servicios y el tránsito de vecinos y visitantes. Por eso, el debate sobre quién debe mantener las rutas y con qué recursos no queda limitado a una discusión administrativa entre Nación y Provincia.
En otro tramo de la presentación, Cobos pide que Fiscalía de Estado requiera al Poder Ejecutivo Provincial y a la Dirección Provincial de Vialidad información completa sobre los recursos provinciales destinados desde el 1 de enero de 2025 a rutas nacionales. También solicita que se pida al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y a otros organismos competentes información sobre los recursos del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y del SisVial.
Según el planteo, si se confirma que existían recursos nacionales afectados a infraestructura vial, que esos fondos no fueron aplicados a su destino legal y que Mendoza debió financiar obras nacionales, correspondería promover reclamos administrativos o judiciales para proteger el patrimonio provincial.
La presentación también pide que se investigue una posible subejecución de recursos del SisVial durante el período analizado. En ese punto, el documento menciona una posible subejución de aproximadamente el 73,8 % y señala que más de un billón de pesos permanecería colocado en inversiones financieras, datos que deberán ser verificados documentalmente por los organismos competentes.
Cobos solicita, además, que en caso de silencio, incumplimiento o respuesta insuficiente por parte de la Nación, Fiscalía de Estado promueva las acciones judiciales correspondientes, incluso con medidas cautelares si fueran necesarias para resguardar los derechos patrimoniales de Mendoza.
La conclusión del documento resume el eje del reclamo: la Provincia no habría generado el problema de infraestructura vial nacional, sino que habría acudido a mitigarlo. Desde esa perspectiva, la presentación busca que se determine si la falta de obras nacionales terminó trasladando costos al Tesoro Provincial.
El pedido se inscribe en una discusión más amplia sobre el mantenimiento de rutas nacionales, el reparto de responsabilidades entre Nación y provincias, y el uso de fondos específicos provenientes de impuestos vinculados a combustibles. En abril de 2026, además, el Gobierno nacional dictó el Decreto 253/2026, que delegó en Mendoza y otras provincias la posibilidad de concesionar por peaje tramos de rutas nacionales para su administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento.
LECTURA RÁPIDA
¿Qué pidió Cobos?
Pidió que Fiscalía de Estado investigue el estado de las rutas nacionales en Mendoza y reclame información a la Nación.
¿Qué rutas menciona el planteo?
El documento menciona las rutas nacionales 7, 40, 143, 144, 145 y 146.
¿Qué busca determinar la presentación?
Busca establecer si hubo fondos nacionales destinados a infraestructura vial que no fueron aplicados y si eso generó costos para Mendoza.
¿Por qué importa para Malargüe?
La conectividad de Malargüe depende de corredores nacionales clave para el turismo, la producción, la minería, los servicios y la circulación de personas.
Fuentes: Mendoza Post / Memo
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