La Federación Económica de Mendoza pidió avanzar con una de las obras hídricas más postergadas de la provincia. Detrás del reclamo hay estudios que se remontan a comienzos del siglo XX, un acuerdo interprovincial que reconoce a Mendoza un caudal medio anual de 34 m³/s para derivar hacia el Atuel, proyectos hidroeléctricos, conflictos con La Pampa y una discusión que para Malargüe tiene una dimensión particular: el agua y buena parte de las obras se originan en su territorio.
El trasvase del río Grande al río Atuel volvió a ocupar un lugar en la agenda productiva mendocina.
La Federación Económica de Mendoza (FEM) planteó durante la Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026, realizada el 9 de septiembre en San Rafael, la necesidad de recuperar una mirada estratégica sobre el aprovechamiento hídrico y energético del Sur provincial y volvió a colocar entre las prioridades el histórico proyecto de trasladar parte de las aguas del río Grande hacia la cuenca del Atuel.
El encuentro reunió a representantes del sector público, privado y académico y fue organizado, entre otras instituciones, por la FEM, ASINMET, la Cámara de Comercio de San Rafael, la Municipalidad sanrafaelina y el Gobierno provincial. Allí, el presidente de la FEM, Santiago Laugero, vinculó el desarrollo del Sur con nuevas inversiones en infraestructura, producción y energía y destacó expresamente la importancia estratégica del trasvase.
El planteo no es nuevo. Tampoco se trata solamente de una discusión de San Rafael o General Alvear.
Para Malargüe, hablar nuevamente del río Grande significa volver sobre una historia que atraviesa más de un siglo de proyectos, promesas, estudios técnicos y conflictos políticos.
Y significa, además, hablar de un recurso que nace y corre por su propio territorio.
El río Grande y una vieja aspiración mendocina
Los primeros antecedentes conocidos del trasvase se remontan a comienzos del siglo XX.
En 1911, los ingenieros Gunnar Lange y Valentín Velasco estudiaron para el Gobierno provincial la posibilidad de desviar aguas del Grande hacia la laguna de Llancanelo y posteriormente al Atuel. Luis Fourcade realizó estudios similares en 1912. Una investigación académica publicada por CONICET en 2025 recuperó esos antecedentes y confirmó que la discusión sobre desviar parte del río Grande hacia el norte mendocino ya estaba presente hace más de cien años.
En 1940, el ingeniero Ivanisevich elaboró otro proyecto de enormes dimensiones: proponía derivar agua desde Bardas Blancas a través de un túnel y un canal de aproximadamente 275 kilómetros, con el objetivo de reforzar los caudales del Atuel, Diamante, Tunuyán y Mendoza.
Durante las décadas siguientes continuaron los estudios.
Hubo trabajos de consultoras internacionales, de Agua y Energía, del Instituto Tecnológico de Massachusetts —MIT— y posteriormente de organismos provinciales y consultores privados.
El proyecto, entonces, no surgió alrededor de Portezuelo del Viento.
Portezuelo fue una de las grandes alternativas posteriores dentro de una historia mucho más extensa.
1976: el antecedente jurídico fundamental
El punto jurídico central llegó el 26 de octubre de 1976, cuando las provincias integrantes de la cuenca del río Colorado acordaron un esquema de distribución de sus aguas.
El acuerdo fue posteriormente ratificado por la Nación mediante la Ley 21.611.
Su artículo 3 estableció expresamente que Mendoza podía derivar hacia la cuenca del Atuel un caudal medio anual de 34 metros cúbicos por segundo.
Ese volumen debía estar integrado por 24 m³/s provenientes de los ríos Cobre y Tordillo y de los arroyos Santa Elena, De las Cargas y Los Oscuros, más otros 10 m³/s correspondientes al Valenzuela.
Ese artículo es una de las bases históricas sobre las cuales Mendoza sostiene su derecho al trasvase.
Pero hay una precisión importante: la ley habla de caudal medio anual, no de una extracción automática y permanente de 34 m³/s bajo cualquier condición hidrológica.
También establece que las obras deben ser fiscalizadas dentro del sistema interjurisdiccional de la cuenca.
Malargüe, en el origen territorial del proyecto
Desde una mirada malargüina, el trasvase tiene una particularidad evidente.
El río Grande se desarrolla en territorio de Malargüe y constituye uno de los cursos de agua más importantes de Mendoza. De allí que buena parte de las soluciones de ingeniería estudiadas durante décadas tengan al departamento como escenario directo.
Uno de los grandes estudios modernos fue elaborado por HARZA-HISSA a fines de la década de 1990.
Entre las alternativas analizadas apareció con fuerza un esquema de trasvase desde la cuenca alta, mediante obras en la zona de Valle Hermoso y La Estrechura y un túnel de aproximadamente 24,5 kilómetros hacia el río Salado, que integra el sistema del Atuel.
Documentación de la Legislatura mendocina señala que la consultora recomendó aquella alternativa y consideró que presentaba ventajas económicas frente a otras posibilidades.
También fueron estudiadas variantes vinculadas con la cuenca media y con Portezuelo del Viento.
Eso permite establecer una diferencia fundamental:
Portezuelo del Viento y el trasvase están vinculados, pero no son exactamente la misma obra.
El trasvase puede concebirse mediante diferentes trazas y soluciones técnicas.
¿Qué podía representar para Malargüe?
Históricamente, el proyecto no planteaba únicamente trasladar agua desde Malargüe hacia las áreas cultivadas de San Rafael y General Alvear.
También se estudiaron nuevas superficies bajo riego dentro del propio departamento.
Distintos antecedentes legislativos basados en el estudio HARZA-HISSA mencionan áreas productivas potenciales para los tres departamentos del Sur y contemplan miles de hectáreas adicionales en Malargüe.
Sin embargo, la mayor proporción del incremento productivo proyectado históricamente se concentraba en San Rafael y General Alvear.
Esa diferencia es importante.
Porque desde una mirada territorial malargüina, el debate no puede reducirse a cuánto caudal puede incorporarse al Atuel.
También corresponde preguntarse qué parte de ese aprovechamiento quedaría efectivamente en Malargüe, cuánto podría destinarse a producción local, qué generación energética podría desarrollarse dentro del departamento y qué infraestructura permanente dejaría una obra semejante.
Es una discusión especialmente sensible después de lo ocurrido con Portezuelo del Viento.
Portezuelo: cuando la gran obra pareció finalmente posible
Portezuelo del Viento fue durante años presentado como una de las mayores obras de infraestructura de Mendoza y como una inversión capaz de transformar Malargüe.
La presa debía construirse sobre el río Grande y contemplaba generación hidroeléctrica, regulación de caudales y una serie de obras complementarias.
Pero su historia más reciente estuvo marcada por dos decisiones presidenciales completamente determinantes.
El primero de esos hitos ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri.
El 16 de enero de 2018, Macri emitió un laudo arbitral por la controversia planteada dentro del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado —COIRCO— y permitió continuar con los procedimientos vinculados a Portezuelo del Viento.
El Gobierno de Mendoza interpretó aquella decisión como un respaldo decisivo para avanzar con la obra.
A partir de allí, Portezuelo entró en una etapa mucho más concreta.
Se desarrollaron estudios, avanzó el proyecto ejecutivo y se preparó la licitación.
La Nación también reconoció a Mendoza un resarcimiento de US$ 1.023 millones, inicialmente comprometido con la ejecución de Portezuelo del Viento.
Para Malargüe, aquella secuencia generó una expectativa difícil de comparar con cualquier otro proyecto contemporáneo.
Después de décadas de estudios, una gran inversión parecía finalmente encaminada hacia el departamento.
El cambio de escenario con Alberto Fernández
La situación cambió nuevamente con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia y su cambio de signo político.
La Pampa mantuvo su oposición y reclamó que Portezuelo fuera sometido a una evaluación ambiental regional sobre toda la cuenca del Colorado. Buenos Aires, Neuquén y Río Negro acompañaron luego ese planteo.
La controversia volvió a requerir un laudo presidencial.
El 29 de diciembre de 2022, Alberto Fernández resolvió que debía realizarse un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral de toda la cuenca del Colorado como condición previa para aprobar la construcción de Portezuelo del Viento.
Formalmente, aquel laudo no declaró prohibida la obra. Pero en términos políticos y prácticos significó un giro respecto del escenario abierto en 2018.
Mientras el laudo de Macri había permitido avanzar con Portezuelo, el de Fernández respaldó el reclamo de las cuatro provincias que exigían una nueva evaluación integral antes de autorizar la construcción.
Para Mendoza, y particularmente para Malargüe, ese cambio terminó frenando el proyecto en las condiciones en las que había sido concebido. Aquí aparece uno de los capítulos más sensibles para Malargüe.
Luego de que Portezuelo quedara frenado, el gobernador Alfredo Cornejo avanzó en una modificación del acuerdo que regía el uso de los US$ 1.023 millones.
En 2024, el Gobierno provincial anunció que una adenda firmada con Nación permitiría ampliar el destino de esos recursos y utilizarlos para diferentes obras de infraestructura en Mendoza.
Desde entonces, el denominado Fondo del Resarcimiento comenzó a financiar proyectos de agua, saneamiento, energía y rutas en distintos puntos de la provincia.
El primer paquete anunciado para el Sur fue presentado oficialmente como una inversión destinada a San Rafael, General Alvear y Malargüe, por aproximadamente US$ 107,7 millones.
Sin embargo, cuando se observa el detalle de esas obras, ninguna estaba localizada físicamente dentro de Malargüe.
Los anuncios posteriores incorporaron proyectos en el Gran Mendoza, Valle de Uco, Este provincial y otros sectores del Sur, incluidos sistemas de riego, saneamiento, rutas y estaciones transformadoras.
Pero, hasta septiembre de 2026, no aparece entre las obras adjudicadas o anunciadas formalmente con ese fondo una inversión localizada dentro del departamento de Malargüe.
La paradoja es difícil de ignorar.
Malargüe pasó de ser el territorio donde debía invertirse buena parte de los US$ 1.023 millones a no contar, hasta ahora, con una obra localizada en el departamento financiada con ese mismo fondo.
La Pampa, un actor permanente
La relación con La Pampa atraviesa buena parte de esta historia, pero debe diferenciarse entre dos conflictos.
Uno corresponde a la cuenca del río Colorado.
El Grande es uno de sus principales formadores y cualquier regulación o derivación significativa repercute sobre un sistema compartido por Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
El otro conflicto es el histórico litigio por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa.
El trasvase conecta físicamente ambas discusiones porque implicaría quitar una porción autorizada del sistema Grande-Colorado e incorporarla al Atuel.
Mendoza sostiene que existe un derecho expresamente reconocido en el acuerdo interprovincial de 1976 y en la Ley 21.611.
La Pampa, por su parte, ha reclamado reiteradamente que cualquier intervención sobre el Grande sea evaluada dentro del marco interjurisdiccional correspondiente.
Por eso, que exista un derecho reconocido al trasvase no significa que pueda construirse cualquier obra de cualquier manera.
La ingeniería definitiva, el impacto ambiental y la administración del recurso siguen necesitando atravesar instancias institucionales entre las provincias.
El impacto ambiental: una discusión que necesariamente pasa por Malargüe
La eventual reactivación del trasvase tampoco puede analizarse únicamente desde la producción y la energía.
Las obras atravesarían ambientes de alta sensibilidad ecológica y territorial.
En 2021, la Empresa Mendocina de Energía —EMESA— convocó a universidades, instituciones y especialistas para comenzar a elaborar una línea de base ambiental y social para un futuro proyecto denominado Trasvase Cuenca Media Río Grande-Cuenca Alta Río Atuel.
El Gobierno provincial señaló entonces que debían estudiarse específicamente fauna, flora, suelos, agua y pobladores antes de avanzar hacia un estudio de impacto ambiental definitivo.
Malargüe contiene además uno de los humedales más importantes de Mendoza: la Laguna de Llancanelo.
Llancanelo es sitio Ramsar y Área Natural Protegida. Su sistema comprende bañados, surgentes, arroyos, salares y un cuerpo de agua que puede albergar más de 100.000 aves acuáticas pertenecientes a decenas de especies.
Esto no significa que cualquier variante del trasvase vaya necesariamente a afectar negativamente a Llancanelo.
Sí significa que cualquier modificación importante de los sistemas hídricos del departamento debe estudiar con enorme precisión sus efectos sobre humedales, vegas, cursos superficiales y subterráneos, fauna silvestre, vegetación, actividad ganadera y pobladores rurales.
Los estudios históricos pueden servir como antecedente.
Pero no reemplazan una evaluación ambiental actualizada.
La situación climática e hidrológica de Mendoza en 2026 no es la misma que hace veinte, cuarenta o cien años.
Qué busca la FEM ahora
El planteo realizado en San Rafael por la Federación Económica de Mendoza devuelve la discusión al terreno productivo.
La FEM propuso pensar el desarrollo provincial a largo plazo y transformar parte de los recursos generados por regalías petroleras, mineras e hidroeléctricas en infraestructura, tecnología y financiamiento para el sector productivo.
Dentro de ese planteo volvió a aparecer el trasvase Grande-Atuel y también la necesidad de discutir el futuro del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.
La lógica es conocida.
Un mayor caudal en el sistema del Atuel podría incrementar la disponibilidad hídrica para producción y también permitir mayor aprovechamiento hidroeléctrico sobre infraestructura existente.
De allí el interés estratégico que históricamente tuvo la obra para San Rafael y General Alvear.
Pero la reaparición del proyecto abre también otra discusión.
¿Cuál será esta vez el lugar de Malargüe?
Una discusión que Malargüe no debería mirar desde afuera
El pedido de la FEM puede convertirse en una oportunidad para recuperar una discusión que quedó durante años condicionada por Portezuelo del Viento.
Pero para Malargüe el debate debería comenzar antes de hablar de túneles, presas o caudales.
Debería comenzar preguntando qué recibe el departamento que aporta el territorio y el recurso.
Si un futuro proyecto vuelve a captar aguas del río Grande para incorporarlas al Atuel, será necesario definir qué porcentaje puede fortalecer la producción malargüina, qué obras de riego se realizarían dentro del departamento, qué aprovechamiento energético podría quedar localizado allí, qué infraestructura se construiría y cómo se compensarían los impactos territoriales y ambientales.
También habrá que determinar qué ocurre con los pobladores y actividades económicas situados dentro de las áreas de intervención.
La historia reciente explica por qué esa discusión no puede dejarse para después.
Malargüe vivió durante años bajo la expectativa de Portezuelo del Viento. Ese antecedente vuelve especialmente importante el planteo formulado ahora por la FEM.
Porque hablar nuevamente del trasvase del río Grande al Atuel no es solamente rescatar una vieja obra hidráulica.
Para Malargüe significa volver a discutir qué modelo de desarrollo quiere Mendoza para el Sur y qué lugar tendrá el departamento que históricamente puso el río, el territorio y buena parte de las expectativas.
Después de más de un siglo de estudios, cincuenta años desde el acuerdo que reconoció a Mendoza el caudal para el trasvase y una experiencia reciente como la de Portezuelo del Viento, hay una pregunta que difícilmente pueda quedar fuera de cualquier nuevo proyecto:
Si las aguas del río Grande vuelven a ser pensadas como una herramienta estratégica para transformar el Sur mendocino, ¿qué parte concreta de esa transformación quedará esta vez en Malargüe?
LECTURA RÁPIDA
¿Qué pidió la Federación Económica de Mendoza?
La FEM solicitó volver a avanzar con el histórico proyecto de trasvase del río Grande al Atuel, al considerarlo estratégico para ampliar la disponibilidad de agua y fortalecer la generación hidroeléctrica del Sur mendocino.
¿Por qué el planteo es especialmente importante para Malargüe?
Porque el río Grande atraviesa territorio malargüino y buena parte de las alternativas históricas de captación y obras fueron proyectadas dentro del departamento. Malargüe sería, por lo tanto, uno de los territorios directamente involucrados en una eventual reactivación.
¿Desde cuándo se estudia el trasvase?
Existen antecedentes desde comienzos del siglo XX. Además, un acuerdo interprovincial de 1976, ratificado por la Ley Nacional 21.611, reconoció a Mendoza un caudal medio anual de 34 m³/s para derivar desde el sistema del río Grande hacia el Atuel.
¿Qué relación tiene con Portezuelo del Viento?
Son proyectos vinculados, pero no son la misma obra. Portezuelo fue una de las alternativas asociadas al aprovechamiento integral del río Grande. En 2018, Mauricio Macri laudó permitiendo avanzar con el proyecto; en 2022, Alberto Fernández exigió una nueva evaluación ambiental integral de toda la cuenca del Colorado, decisión que terminó frenando su desarrollo en las condiciones previstas.
¿Qué impacto podría tener el trasvase en Malargüe?
Además de las posibilidades de riego, producción y generación energética, una obra de esta magnitud exige analizar sus efectos sobre cursos de agua, vegas, flora, fauna, actividad ganadera, pobladores rurales y ambientes sensibles como el sistema de Llancanelo.
¿La reactivación ya fue decidida?
No. Lo confirmado hasta el momento es el pedido de la FEM para volver a poner el trasvase en la agenda. No existe una decisión oficial de ejecutar la obra ni un cronograma anunciado.
¿Cuál es la pregunta que queda abierta para Malargüe?
Si Mendoza vuelve a impulsar el aprovechamiento de las aguas del río Grande para desarrollar el Sur provincial, qué beneficios concretos —hídricos, productivos, energéticos y de infraestructura— quedarán esta vez en el departamento donde se origina el recurso.
