El programa “Empresa Madrina de Malargüe” abre una oportunidad para vincular recursos privados con necesidades de la comunidad. Pero su reglamentación tendrá un desafío central: garantizar que el Estado facilite ese encuentro sin reemplazar la autonomía de las organizaciones, competir innecesariamente por sus recursos ni permitir que la colaboración se transforme en influencia.
El Honorable Concejo Deliberante de Malargüe sancionó la Ordenanza 2.399/2026, que crea el programa “Empresa Madrina de Malargüe”. La propuesta busca vincular voluntariamente a empresas con proyectos de interés comunitario mediante aportes económicos, materiales, equipamiento, obras, servicios técnicos, conectividad o capacitación. Para ello se crea un Banco Municipal de Proyectos donde podrán presentar iniciativas clubes, escuelas, uniones vecinales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones rurales y también dependencias municipales. Malargüe HCD
La idea tiene potencial. En un departamento con empresas vinculadas a minería, hidrocarburos, energía, turismo, construcción, producción y servicios, generar caminos para que parte de ese compromiso empresarial llegue a necesidades concretas de Malargüe puede producir resultados muy valiosos.
Pero una buena idea también necesita buenos límites.
Y hay tres cuestiones que, a nuestro entender, deberán quedar muy claras cuando llegue el momento de reglamentarla.
La primera es quién decide.
El Banco Municipal puede convertirse en una excelente vidriera: un lugar donde una empresa descubra que un club necesita equipamiento, que una organización desarrolla un proyecto social o que una comunidad rural requiere conectividad. De hecho, la fundamentación de la ordenanza señala que el Banco permitirá a las empresas conocer proyectos concretos y realizar aportes para ejecutarlos. Sin embargo, la norma deja para la reglamentación los procedimientos de evaluación y selección.
Por eso la pregunta es inevitable:
¿El Estado acercará a quienes quieren ayudar con quienes necesitan ayuda o terminará decidiendo qué proyectos merecen ser encontrados?
La diferencia es enorme.
El Banco debería ser un puente, no un filtro. Y las organizaciones deberían saber que la posibilidad de conseguir apoyo depende del valor, la necesidad y el impacto de sus proyectos, nunca de su cercanía o distancia con quienes circunstancialmente administran el Municipio.
La autonomía de la sociedad civil también debe ser protegida.
La segunda cuestión es igualmente importante: en ese mismo Banco convivirán proyectos de organizaciones sociales con proyectos de dependencias municipales. Y la ordenanza contempla áreas como plazas y espacios públicos, infraestructura comunitaria, ambiente, arbolado, residuos, accesibilidad y otras políticas vinculadas, en distinta medida, con responsabilidades públicas.
Entonces debemos preguntarnos:
Si los recursos que una empresa dispone para ayudar a la comunidad son limitados, ¿deberá una pequeña organización competir por ellos con el propio Municipio?
No sabemos que eso vaya a ocurrir. Pero la reglamentación debería preverlo.
Una asociación de la sociedad civil no dispone de presupuesto público. El Municipio sí. Por eso la cooperación privada debería permitirle a Malargüe hacer más, no convertirse en una manera habitual de hacer con recursos empresariales aquello que razonablemente corresponde sostener con recursos públicos.
Y existe un tercer límite: colaborar no puede significar condicionar.
En este punto, la propia ordenanza establece una garantía importante: ninguna empresa participante obtendrá preferencias en contrataciones, licitaciones, habilitaciones, permisos, concesiones o controles ambientales, y sus aportes tampoco podrán interferir con las facultades municipales de fiscalización, inspección y sanción. Además, se crea un Registro Público de empresas, proyectos, beneficiarios y aportes.
Es el camino correcto.
Porque esta relación necesita independencia en ambos sentidos: organizaciones que no dependan del poder político para encontrar apoyo y empresas que no obtengan influencia sobre el Estado por financiar proyectos comunitarios.
“Empresa Madrina” puede convertirse en una herramienta muy útil para Malargüe. Sería un error condenarla antes de verla funcionar, tanto como sería un error celebrar sus beneficios antes de conocer cómo será reglamentada.
El desafío puede resumirse de manera sencilla: acercar sin intermediar innecesariamente, complementar sin reemplazar y colaborar sin condicionar.
Porque cuando una empresa quiere ayudar y una institución necesita ayuda, el Estado puede construir el puente.
Lo que debe cuidar es no convertirse en dueño del puente.
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