El proyecto de Walther Marcolini recibió media sanción y pasó a la Cámara de Diputados. Propone adjudicaciones al 75% del valor fiscal de la tierra sin mejoras, financiamiento y una protección temporal frente a desalojos.
El Senado de Mendoza dio media sanción a una reforma integral que busca actualizar el régimen de arraigo de los puesteros y agilizar la regularización dominial de las tierras no irrigadas.
La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Walther Marcolini y elaborada mediante un trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza. El proyecto fue aprobado el martes 10 de noviembre y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La propuesta todavía no es una ley vigente. Diputados podrá aprobarla sin modificaciones, introducir cambios o rechazarla. Si modifica el texto, deberá regresar al Senado.
La reforma tiene especial importancia para Malargüe, donde numerosas familias desarrollan actividades ganaderas en puestos rurales y enfrentan desde hace años dificultades para completar mensuras, inscribirse en los registros correspondientes y acceder a la escritura.
Una reforma más amplia
El proyecto modifica diferentes normas relacionadas con la regularización dominial, las tierras fiscales y los programas de escrituración.
Uno de sus capítulos sustituye integralmente la Ley provincial 6.086, que creó el Programa de Promoción y Arraigo de Puesteros en Tierras No Irrigadas.
La iniciativa pretende reemplazar el sistema de prórrogas periódicas utilizado durante aproximadamente tres décadas para mantener la protección frente a desalojos. El objetivo es establecer un procedimiento permanente para determinar quiénes reúnen las condiciones, regularizar las tierras y avanzar hacia la escrituración.
La reforma también contiene disposiciones sobre viviendas sociales y otros inmuebles fiscales. Sin embargo, el capítulo relacionado con los puesteros tiene un alcance propio y una incidencia particular sobre los departamentos con amplias zonas de secano, entre ellos Malargüe.
Adjudicación al 75% del valor fiscal
La propuesta establece un régimen social y promocional para la adjudicación de las tierras fiscales ocupadas por puesteros.
El precio sería equivalente al 75% del valor fiscal del terreno libre de mejoras. Para calcularlo no deberían incorporarse las viviendas, corrales, aguadas, cierres, galpones u otras instalaciones realizadas por las familias sobre el inmueble.
El pago podría financiarse durante un plazo máximo de diez años. También se contemplan períodos de gracia y cuotas adaptadas a los ciclos productivos.
La tasa de interés no podría superar la mitad de la prevista para las adjudicaciones generales de tierras fiscales.
Estas condiciones buscan evitar que el costo de la regularización resulte incompatible con los ingresos de las familias que desarrollan actividades ganaderas de subsistencia o de pequeña escala.
Veinticuatro meses para resolver la inscripción
La iniciativa establece un plazo máximo de 24 meses para resolver las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Puesteros, una vez que los interesados hayan acreditado los requisitos correspondientes.
Este plazo no debe confundirse con los 180 días previstos en otro tramo del proyecto.
Los 180 días corridos comenzarían a contarse después de que un beneficiario sea notificado de que la escritura se encuentra en condiciones de otorgarse. Dentro de ese período deberá completar el acto de escrituración.
Por lo tanto, se trata de dos etapas diferentes:
- Hasta 24 meses para resolver la inscripción en el Registro Único de Puesteros.
- Hasta 180 días para concretar la escritura una vez que se comunique que está en condiciones de ser otorgada.
Nuevas herramientas para las mensuras
El proyecto habilita el uso de drones, imágenes satelitales, estudios fotogramétricos y otros recursos tecnológicos para realizar los relevamientos necesarios.
La mensura suele representar uno de los principales obstáculos para la regularización en el secano debido a la extensión de las propiedades, las dificultades de acceso y los costos técnicos.
La incorporación de estas herramientas apunta a reducir tiempos y gastos, aunque los trabajos deberán contar con la intervención de profesionales de la agrimensura.
La iniciativa también dispone que no podrá exigirse nuevamente documentación que ya se encuentre en poder de organismos públicos.
La trashumancia no será considerada abandono
Uno de los puntos más relevantes para los puesteros de Malargüe es el reconocimiento de las particularidades de la actividad ganadera.
La propuesta determina que la trashumancia, las sequías y otras circunstancias propias de los ciclos productivos no deberán ser consideradas automáticamente como abandono de la tierra.
La trashumancia implica el traslado estacional de animales y familias entre campos de invernada y veranada. Durante esos períodos, un puesto puede permanecer temporalmente sin ocupantes sin que eso signifique una renuncia a la posesión o a la actividad desarrollada.
La medida busca evitar que esas ausencias sean utilizadas como argumento para excluir a una familia del programa de arraigo.
Protección temporal frente a desalojos
La reforma declara, por única vez, una emergencia durante dos años para los puesteros inscriptos en el Registro Único y para los inmuebles comprendidos en el régimen.
Durante ese período los procesos judiciales podrán continuar hasta el dictado de una sentencia, pero no podrán ejecutarse los desalojos.
La protección no será automática para cualquier ocupante de una tierra rural. Estará condicionada a la inscripción del puestero y a que el inmueble se encuentre efectivamente alcanzado por el programa.
Un juez podrá levantar la suspensión si determina que la persona no reúne las condiciones exigidas o que la propiedad no se encuentra comprendida en la normativa.
El proyecto también reconoce al puestero inscripto como una persona en situación de vulnerabilidad dentro de los procesos judiciales vinculados con estas tierras, sin eliminar el derecho de defensa de las demás partes.
Restricciones posteriores a la escritura
La adjudicación busca garantizar el arraigo y la continuidad de la unidad productiva, por lo que la tierra no podrá ser transferida, vendida o arrendada libremente durante los diez años posteriores al otorgamiento de la escritura.
El texto contempla excepciones determinadas y prevé que el inmueble quede afectado al régimen de vivienda durante un período no inferior a diez años.
Estas restricciones procuran evitar que las tierras adjudicadas con condiciones promocionales sean inmediatamente revendidas o destinadas a actividades distintas de aquellas que justificaron su regularización.
Una problemática concreta en Malargüe
Malargüe cuenta con antecedentes recientes de regularización de tierras ocupadas por familias rurales.
Uno de ellos corresponde a Cañada Colorada, donde el Concejo Deliberante aprobó un procedimiento municipal que contempla mensuras, reconocimiento de superficies, planes de pago y restricciones para preservar la continuidad de la actividad ganadera.
Ese proceso local no debe confundirse con la reforma provincial. La iniciativa que recibió media sanción establece un marco general para los puesteros de tierras no irrigadas de Mendoza y no reemplaza automáticamente las ordenanzas ni los trámites municipales en curso.
Tampoco significa que todas las personas que ocupan tierras rurales recibirán una escritura. Cada caso deberá cumplir los requisitos, acreditar su situación, inscribirse en el registro y atravesar el procedimiento administrativo correspondiente.
Qué falta para que se aplique
El proyecto debe ser tratado por la Cámara de Diputados. Si ambas cámaras aprueban el mismo texto, todavía será necesaria la promulgación del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial.
También deberá conocerse la reglamentación que determine los requisitos, procedimientos y organismos responsables de aplicar el nuevo régimen.
Hasta que ese proceso finalice, continúan vigentes las normas actuales y la protección establecida hasta el 31 de diciembre de 2026.
LECTURA RÁPIDA
¿Quién presentó el proyecto?
El senador provincial Walther Marcolini.
¿La reforma ya está vigente?
No. Recibió media sanción del Senado y pasó a la Cámara de Diputados.
¿A qué valor podrían adjudicarse las tierras?
Al 75% del valor fiscal del terreno libre de mejoras.
¿Cuánto tiempo habría para pagar?
Hasta diez años, con períodos de gracia y cuotas adaptadas a los ciclos productivos.
¿Cuánto tiempo tendrá el Estado para resolver una inscripción?
Hasta 24 meses, una vez acreditados los requisitos.
¿Qué significa el plazo de 180 días?
Es el período para concretar la escritura después de que el beneficiario sea notificado de que está en condiciones de otorgarse.
¿La trashumancia podrá considerarse abandono?
No deberá interpretarse automáticamente como abandono, al igual que las ausencias vinculadas con sequías o ciclos productivos.
¿Qué ocurrirá con los desalojos?
El proyecto contempla una protección de dos años para los puesteros inscriptos y los inmuebles comprendidos en el régimen.
Fuentes:
.
