Nueva ley en Mendoza agiliza la recuperación de viviendas sociales del IPV por incumplimientos
La Legislatura de Mendoza aprobó de manera definitiva una ley que modifica el régimen de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La La normativa permitirá acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles cuando exista una desadjudicación firme por incumplimientos de los beneficiarios, con el objetivo de reasignarlos a familias que permanecen en lista de espera.
La nueva legislación modifica la Ley Provincial Nº 4203, que regula el funcionamiento del IPV, además de introducir cambios en la Ley Nº 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. A partir de estas modificaciones, el organismo podrá promover el juicio de desalojo una vez que la resolución administrativa de desadjudicación haya quedado firme, reduciendo los tiempos para recuperar las viviendas.
Las principales causas que pueden derivar en una desadjudicación son la mora reiterada en el pago de las cuotas y la ocupación irregular de la vivienda. En determinadas situaciones, el alquiler del inmueble puede ser autorizado por el IPV cuando existan motivos debidamente justificados, como cambios laborales, razones de salud o modificaciones en la composición del grupo familiar.
En los casos de falta de pago, el procedimiento comienza cuando el adjudicatario acumula tres cuotas impagas, consecutivas o alternadas. No obstante, antes de llegar a una desadjudicación el organismo implementa distintas alternativas para que las familias puedan regularizar su situación mediante planes de pago, adecuación de cuotas y otras herramientas de acompañamiento.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la ley fortalece el sistema de vivienda social al garantizar que las casas financiadas con recursos públicos cumplan su finalidad de brindar una solución habitacional a quienes más la necesitan. Además, consideran que permitirá reasignar con mayor rapidez las viviendas recuperadas.
Durante el debate parlamentario, algunos sectores de la oposición respaldaron el objetivo de recuperar inmuebles utilizados de manera irregular, aunque plantearon observaciones relacionadas con la transparencia en las adjudicaciones y con las garantías jurídicas que deben resguardar los procesos administrativos y judiciales.
La nueva normativa también resulta relevante para departamentos como Malargüe, donde las viviendas sociales representan una herramienta importante para reducir el déficit habitacional. Con este cambio legal, el IPV contará con un procedimiento más ágil para reincorporar al sistema aquellas unidades que hayan sido desadjudicadas por incumplimientos.
Fuente: Los Andes; Gobierno de Mendoza; Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
