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La canadiense Jaguar Uranium formalizó el arranque de su programa de exploración en el proyecto Huemul, al sur de Malargüe, con relevamientos ambientales ya en marcha y un plan de trabajo escalonado que incluye prospección con nuevas tecnologías y una campaña de perforación diamantina. La apuesta se inscribe en la revalorización del uranio y otros minerales críticos en la agenda energética global

El uranio volvió a ocupar un lugar central en la conversación minera de Mendoza. En Malargüe, el proyecto Huemul —un nombre con peso propio en la historia nuclear argentina— reactivó su dinámica con el desembarco operativo de Jaguar Uranium Corp., una firma de origen canadiense que busca confirmar el potencial de un distrito con antecedentes productivos y, al mismo tiempo, adaptarlo a los estándares ambientales y técnicos actuales.

Huemul no es un “greenfield” (proyecto desde cero). Allí funcionó, entre 1955 y 1975, la primera mina de uranio del país bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Los registros históricos indican que se procesaron aproximadamente 130.000 toneladas de mineral en la planta de Malargüe, un dato que vuelve a adquirir relevancia en un escenario donde la seguridad energética, la demanda de combustibles nucleares y la búsqueda de minerales estratégicos marcan tendencia.

La compañía informó que el proyecto se desarrolla sobre un distrito amplio —en el orden de las 27.700 hectáreas, según distintas coberturas especializadas— y que su plan apunta a reevaluar el área con herramientas modernas. No se trata únicamente de uranio: Huemul también es presentado como un sistema polimetálico con presencia de cobre y vanadio, una combinación que aumenta el interés en tiempos donde las cadenas de suministro para la transición energética buscan diversificar orígenes y reducir riesgos geopolíticos.

Qué es lo nuevo, concretamente, en el terreno. Según Panorama Minero, el “inicio efectivo” confirmado por ahora corresponde a la campaña de Línea de Base Ambiental, iniciada el 16 de marzo de 2026, con relevamientos sobre agua, aire, suelos, biodiversidad, ambiente periglacial y variables socioeconómicas. En la práctica, este paso es clave: construye el “estado cero” del ambiente antes de la exploración intensiva y se convierte en la base técnica que la autoridad evaluará para autorizar fases posteriores más intrusivas, como perforaciones.

En paralelo, la empresa formalizó la presentación del plan de trabajo y el presupuesto ante la Autoridad Ambiental Minera, en línea con condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) mencionada por medios sectoriales. En este punto aparece un matiz importante: coberturas políticas locales remarcan que el proyecto contaba con una DIA aprobada en 2024 para exploración vinculada a cobre, mientras que para avanzar con exploración de uranio la compañía debe completar trámites y estudios específicos (incluyendo relevamientos ambientales y documentación complementaria).

El programa técnico se organiza en etapas. En una primera fase de prospección, el objetivo es ordenar y validar información histórica, actualizar cartografía geológica y desplegar herramientas de muestreo y geofísica para delimitar zonas prometedoras. Allí aparece un componente que grafica el salto tecnológico respecto de décadas anteriores: se prevé radiometría aérea con drones equipados con sensores gamma-espectrométricos, orientados a detectar anomalías asociadas a uranio y otros elementos. La meta es integrar esos datos en modelos geológicos —incluidos modelos tridimensionales— para definir “targets” de exploración con mayor precisión.

La segunda fase proyectada eleva el nivel de intervención. Panorama Minero reporta la planificación de unas 20 trincheras y una campaña de perforación diamantina de 2.000 metros, con un esquema inicial de 10 sondajes y muestreo bajo protocolos de control de calidad (QA/QC), un estándar clave para dar robustez a resultados y futuras estimaciones de recursos. Esa perforación —si se habilita— es el núcleo del gasto operativo, justamente porque permite “ver” el subsuelo de manera directa, medir leyes y continuidad mineralizada, y pasar de hipótesis a evidencias.

En términos de inversión, el cronograma difundido por la prensa especializada habla de un horizonte de tareas principales de 12 meses y un presupuesto estimado de US$ 1,1 millones (US$ 1.105.335), con fuerte concentración en perforación. Esos montos, para un proyecto exploratorio, suelen leerse como una señal: la empresa quiere acelerar la etapa de definición de objetivos y resultados medibles para sostener el interés inversor.

A la vez, el caso Huemul se conecta con un contexto geopolítico y financiero que hoy pesa en la minería del uranio. EconoJournal subrayó que la firma busca alternativas de financiamiento bajo el paraguas del acuerdo de minerales críticos entre Argentina y Estados Unidos, un marco que podría facilitar acceso a herramientas o programas vinculados a cadenas de suministro estratégicas. En esa misma línea, el medio indicó que Jaguar debutó en febrero con una IPO que recaudó US$ 25 millones, fondos destinados a acelerar desarrollos y expansión corporativa.

Para Malargüe, el anuncio combina expectativas y debates conocidos. Por un lado, la exploración puede activar contratación de servicios locales (logística, campamento, transporte, mano de obra especializada), dinamizar proveedores y reinstalar al departamento en el radar minero nacional. Por otro, el uranio exige un umbral de licencia social y cumplimiento ambiental más estricto, con controles sostenidos, claridad en los planes de manejo y una comunicación pública que no confunda “exploración” con “explotación”, porque los tiempos y las definiciones son muy distintos. Lo que hoy ocurre en Huemul es, ante todo, una etapa de diagnóstico técnico-ambiental y de búsqueda de evidencias modernas.

En síntesis, Huemul vuelve a moverse, pero lo hace bajo reglas actuales: primero la línea de base, luego la evaluación y, recién con autorizaciones, las tareas más intensivas. En el camino, el proyecto pone a Malargüe otra vez en el centro de un debate más amplio: cómo se gestiona la oportunidad económica de los minerales críticos sin resignar estándares ambientales ni certezas regulatorias.

Fuente: Panorama Minero

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