“Ganancias deportivas” desde su página de internet dice que es una compañía de mercadeo en red que realiza apuestas deportivas bajo estrictas directrices de su propio equipo de expertos analistas. Ello le ha permitido generar «resultados espectaculares desde hace años», con lo que garantiza la sostenibilidad del negocio. Sus usuarios pueden realizar compras y a cambio obtienen una alta remuneración, adicionalmente pueden optar por crear su propia red de afiliados, en cuyo caso reciben importantes ingresos adicionales.
En los últimos meses la propuesta ha sumado adeptos en el sur mendocino, donde se calcula que cerca de 40.000 personas han realizado aportes de dinero, algunas de las cuales habrían vendido vehículos y hasta sus casas para destinar todo lo recibido a “Ganancias deportivas”.
Sebastián Capizzi, Fiscal de delitos económicos e informáticos, hizo saber que, con la reanudación de la actividad judicial tras la feria del mes de enero, ayer se inició una investigación de oficio por parte de su par en San Rafael, Javier Giaroli.
“Se ha iniciado una investigación para determinar la posible existencia, o no, de algún ilícito alrededor de todo este supuesto aporte dinero” dijo a en declaraciones al programa “No Tan Millennials” de una FM de la Ciudad de Mendoza.
Tras afirmar que no hay denuncias en la justicia mendocina, el Fiscal argumentó “la clave está en algunos indicadores que aparecen en la maniobra, indicadores que resultan de información periodística y de bucear en las redes sociales e internet. Básicamente esta idea de que deben reclutar personas para que esto subsista, para que el esquema permanezca, para que el esquema funcione. No olvidemos que, en el fondo, se trata de un subsistema económico financiero que no produce riqueza, ni produce ningún producto tangible. Simplemente es un esquema que funciona a partir del azar, de ganar a partir de resultados aleatorios. Entonces, en definitiva, aparecen rasgos que hacen pensar en la existencia de un esquema piramidal, en el funcionamiento de este subsistema económico financiero. Esto lleva, por cierto, a alertar sobre la posibilidad de la existencia de un fraude. Quizás ahora no, porque al parecer, digo al parecer porque al iniciarse la investigación empieza a reunirse toda la información, todavía estamos en el momento de esplendor, de ascenso todavía de las ganancias que se generan. Si quieren, la cresta de la ola”.
A prima facie se trata de determina, o no, si Ganancias deportivas responde al denominado “esquema Ponzi”, una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas.
Si se determinara que es así, “es algo que ha demostrado que colapsa y se termina derrumbando, empieza a descender por completo. Cuando empiezan a aportar menos personas, entonces se gana menos dinero y de esa manera, los que aportaron, terminan sin obtener aquello que esperaban conseguir” sostuvo Capizzi.
Al respecto profundizó “las dos claves son estas, que el sistema en su comienzo y en su esplendor, necesita mostrar ganadores, necesita entusiasmar a más aportantes, aquél que ganó que siga aportando, porque se sostiene en eso. Pero si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, es que este tipo de sistemas termina perdiendo. Es decir, termina generando perdedores. No sabemos el tiempo, porque de eso depende la cantidad de ganadores que hayan. Lo que estamos haciendo, a nivel de investigación penal, es tratar de debelar quiénes son los responsables, quién está detrás de todo esto, quiénes son los organizadores, quiénes son los que deberían responder eventualmente, si se quiere, en forma civil. Es decir, si aquél que recibe la apuesta o el dinero, tiene que devolver algo si esto no llega a conseguir las ganancias que están prometiendo”.
Al ser interrogado sobre quiénes podrían recaer las responsabilidades, en el caso que se comprobara que se está frente a un delito, respondió “es una forma de responsabilidad penal de la persona jurídica en general, las altas direcciones, los directivos, pero también la mano de obra, el ejecutor. En la medida que se tiene conocimiento de cómo funciona el sistema, y se hace un aporte al sistema, estamos hablando en tono de gestión, siempre hay un grado de responsabilidad penal en todo eso. En pocas palabras, aunque no sea el empresario máximo, la cabeza máxima de todo esto, visible o invisible, aquél que forma parte de la red estructural, donde gestiona los recursos que están destinados a captar dinero, sabiendo que en algún momento no voy a poder pagar, ahí hay un aporte material, un aporte intelectual, que termina generando responsabilidad penal. Aquel que gestionó el funcionamiento de este subsistema económico financiero, sabiendo los riesgos que estás generando a personas, a terceros, puede verse responsable en algún punto, en alguna cuota, del daño que genera económico”.
Más adelante, sobre el mismo aspecto, agregó “en la medida que la persona es consciente de que el sistema se cae, de que el sistema no va a funcionar, y de que aquél que puso dinero va a terminar sin recuperar el dinero, esa actuación tanto mental como corporal, esa incitación a aportar, puede traerle responsabilidades penales”.
De todas maneras, insistió “todavía quedan muchas cuestiones por debelar, porque a nadie se le ocurriría imputar a un casino, porque la persona apueste o juegue al azar y pierda. Acá hay que ver también el rol de los clientes, de los apostadores. Si uno sabe a qué se enfrenta, verdaderamente, después poco podés reclamar, es decir, a ningún jugador del casino se le va a ocurrir denunciar por estafa a los dueños del casino por haber perdido la apuesta. Si el cliente es consciente de que este sistema se puede caer, y de lo que hoy prometen como ganancia, que no se haga realidad, no puede luego estar quejándose. No puede presentarse como víctima. Por eso es importante saber qué se ofrece, qué se promueve, quién lo hace y qué es lo que se está dando a conocer. La oferta, lo que se está prometiendo es fundamental, pasa saber si estamos frente a un simple juego de azar, o una simple forma de apostar el dinero, o si verdaderamente acá hay un artificio, hay un ardid que sea más próximo a la estafa”.
Sostuvo que “todavía no podemos anticipar si esto colapsa, y en cuánto tiempo va a ocurrir. Pero sí asume rasgos de que verdaderamente hay una estructura piramidal detrás de todo esto. De hecho, de la necesidad de que aparezcan contribuyentes, la necesidad de que haya aportantes de dinero, demuestra que verdaderamente no hay nada productivo en la función misma de este esquema. Sino que simplemente se sostiene en el aporte de las personas que van ingresando al sistema. Es la otra cara de la responsabilidad penal, eventualmente, de quienes están formando parte de esta estructura. Este es el artículo 301 bis del Código penal, que justamente castiga a quienes explotan, administran y organizan juegos de azar o sistemas de captación de juegos de azar. Tiene una pena que va de tres a seis años de prisión. Cuando este sistema, esta organización, es realizado sin la aprobación de la autoridad competente, que en nuestro caso es el Instituto provincial de juegos y casinos. Por eso uno de los puntos de la investigación es consultarle, pedirle informe a Juegos y casinos, a cerca de si ellos tienen alguna autorización pedida para este tipo de forma de captación de juegos de azar. Esto es materia de investigación, pero tiene entonces que ver con las dos posibilidades delictivas que hay detrás de un escenario como el que se presenta. El de la estafa individual, el del perjuicio individual, y el del perjuicio al Estado, justamente por organizar, regentear, o administrar este tipo de juegos, sin autorización de la autoridad competente”.
Si hubiera alguna responsabilidad que pueda incluir a funcionarios públicos nacionales o afectar los intereses nacionales, como lavado de dinero u otros delitos federales, la justicia de Mendoza debería dar intervención a la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que se dedica a intervenir en estos hechos a nivel nacional.
Sobre el particular Capizzi señaló “como se está dando en nuestra provincia, en ámbitos provinciales, en esta jurisdicción somos el Ministerio público fiscal de Mendoza quienes debemos intervenir”.
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