La eliminación de parte de un artículo clave de la norma que regula la actividad minera puso en alerta a los partidos políticos en plena campaña electoral.

A dos semanas de que los mendocinos vuelvan a las urnas, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la frase de la Ley 7722 referida a “otras sustancias tóxicas” para la actividad minera encendió la campaña electoral.

Candidatos a diputados y senadores nacionales mostraron su postura en defensa del agua en Mendoza, mientras que sólo algunos referentes políticos prefirieron mantenerse al margen de la decisión del máximo tribunal.

El Frente de Izquierda y el Partido Verde fueron los primeros en elevar la voz y mostrar su preocupación sobre la medida que, entienden, le da luz verde a las mineras para emplear xantato, poliacrilamida y otros químicos contaminantes que no habían sido especificados en la norma.

En el mismo sentido, los principales referentes de Compromiso Federal y de Partido Federal consideraron que los jueces no respetaron el principio precautorio ambiental.

En tanto, desde Vamos Mendocinos aseguraron que esta anulación “no modifica el espíritu de la ley”, aunque el fallo “no da seguridad jurídica al inversor, ni tranquilidad a los defensores del agua y ambiente”.

Si bien en 2019 el Frente de Todos acompañó a Cambia Mendoza para que se aprobara en la Legislatura una flexibilización de la 7722, que terminó siendo derogada tras una serie de protestas, en el justicialismo provincial señaló este lunes que “el estándar ambiental fijado por la sociedad mendocina es determinante. No nos movemos de allí”.

Puntualmente, la Corte Suprema resolvió en un fallo del jueves 28 de octubre un recurso extraordinario elevado por la minera San Jorge y declaró inconstitucional la referencia del artículo 1 que habla sobre “otras sustancias” que están prohibidas en la ley 7722 sancionada en 2007, además del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, por considerar esa frase «indeterminada», es decir, que generaba dudas porque era inespecífica. 

Cambia Mendoza: Mejor aclarar

Mientras que el candidato a senador nacional Alfredo Cornejo, prefirió no emitir su opinión, por su parte Julio Cobos, candidato a diputado nacional por Cambia Mendoza, estuvo de acuerdo en que la norma debía ser especificada si generaba dudas. Cobos era gobernador de Mendoza cuando el 20 de junio de 2007 fue sancionada la Ley 7722 – Prohibición de Sustancias Químicas-.
 
En este sentido, el ex mandatario radical refirió que, si bien cuando se hacen las leyes se trata de que no queden aspectos indeterminados “para evitar subjetividad o la discrecionalidad de los jueces a la hora de interpretar y aplicar la norma”, afirmó que “me parece bien que si no queda claro qué tipo de sustancias, queden limitadas, obviamente, a las especificadas en la ley”.
 
A su vez, señaló que también se podía utilizar la vía de la reglamentación en ese caso de las sustancias que no hubieran quedado perfectamente aclaradas. “Ahora bien, la Corte no lo ha evaluado o la reglamentación no ha especificado qué tipo de sustancias son también limitadas por la ley”.
 

Frente de todos: El pueblo ya habló

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) afirmó: “El pueblo de Mendoza ya determinó que la 7722 es nuestro estándar ambiental y es la ley que regula la actividad en la provincia. Y en esa línea estamos nosotros”.
 
La misma frase utilizó el actual senador y candidato a diputado nacional Adolfo Bermejo, quien aclaró que “ya hubo un intento en 2019 -de cambiar la norma- en función de lo que nos pidió el gobernador y acompañamos entendiendo que había licencia social, pero una vez modificada tuvimos que retroceder a pedido de Suarez porque evidentemente la comunidad mendocina está completamente en contra de su modificación”.
 
El maipucino detalló que se analiza con los asesores  “técnicamente qué hacer para que la norma no pueda ser cambiada”.

Partido Federal: Derecho ambiental precautorio

Gustavo Majstruk (Partido Federal), además de considerar “muy grave” lo dispuesto por los supremos, explicó que fueron en contra del principio preventivo y precautorio en el Derecho Ambiental.

“El texto respondía a una lógica”, dijo y señaló que como no se sabía cuáles serían las sustancias tóxicas que podrían usar las mineras a futuro se escribió el artículo 1 de esa manera y respondiendo a ese principio.

“Lo que me llama la atención es que Argentina adhirió al Acuerdo de Escazú, que una de las cosas que establece es la no regresión en materia ambiental”, dijo y reconoció que le llamó la atención que la Corte fallara en forma rápida.

Y consideró: “Nos dejan atados de manos. Vamos a ver de qué ver de qué manera volver a protegerla”.

Carlos Ianizzotto, en tanto, meditó que “el fallo está dictado sobre un pedido específico de la minera, no nos varía a nosotros nuestro pensamiento de cuidar el agua y el ambiente. Consideramos que es prioritario seguir con nuestra política”.

“Con respecto a la minería tenemos una posición llamada licencia social, de equilibrio, donde los departamentos o distritos que consideren que la minería se puede desarrollar puedan hacerlo, salvo la megaminería”, dijo Ianizzotto  y aclaró que para esto el  “Estado debe mejorar los controles, pero nadie confía en el Gobierno actual y sus negociados”.

Vamos mendocinos: Confusión generalizada

El candidato a diputado nacional por Vamos Mendocinos, Gustavo Gutiérrez, analizó que el fallo genera aún más confusión.

“Es una situación confusa derivada de la ambigüedad del gobierno provincial que no actúa con transparencia de objetivos ni claridad de procedimientos”, dijo.

Y agregó: “En conclusión, siguiendo el dicho popular ‘no aclare que oscurece’, esto no da seguridad jurídica al inversor, ni tranquilidad a los defensores del agua y ambiente. Opino que la variable de ajuste en los costos de cualquier proyecto no es el medio ambiente, justo hoy que el mundo debate sobre el cambio climático”.

En tanto, Mercedes Llano, candidata a senadora por el mismo espacio, analizó: “La inconstitucionalidad del artículo N°1 de la ley N°7722 no modifica el espíritu de la misma. En Mendoza no existe licencia social para la explotación minera a gran escala. La actividad minera es tan lícita como cualquier actividad económica, pero se tiene que desarrollar dentro del marco legal, con todos los controles necesarios para no afectar el medio ambiente en general y el agua en particular”.
 

Compromiso Federal: Mejorar los mecanismos de control

Desde el partido Compromiso Federal, la candidata a diputada nacional Flavia Manoni consideró que lo de la Corte fue “un avance que viola la institucionalidad” y que el ciudadano “ya se expresó en contra de cualquier reforma de la ley”. La misma línea, aseguró, la mantiene todo su espacio político, que también está integrado por Jorge Pujol.

“El agua vale más que el oro”, dijo y aclaró que, si bien no está en contra de la minería, sí deben mejorarse los mecanismos de fiscalización. “Me dan muchas dudas los mecanismos de control de todo esto”.

 Frente de izquierda: Críticas al lobby 

Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Noelia Barbeito y Lautaro Jiménez ratificaron su postura en contra de la decisión de la Corte tildándola de un “golpe institucional contra la lucha del pueblo de Mendoza en las calles», recordando las manifestaciones que se llevaron adelante en 2019.

Para Barbeito, la medida “responde al lobby eterno e incansable que hacen las megamineras,  el Gobierno de Mendoza, el PJ y la UCR, donde la Corte Suprema termina siendo vocera”, dijo y juzgó como “arriesgada” la movida de los partidos tradicionales.

“Por ahí se equivocan, con todo el descontento económico, meter el dedo ahí. Pero detrás de todo esto hay plata”, comentó.

Adelantó que “las asambleas populares por el agua han manifestado el estado de alerta” y están haciendo qué se puede hacer para revertir el fallo.

Por su parte, Jiménez cuestionó a los jueces por la impugnación de la frase “sustancias tóxicas” y consideró que el fallo «es falso» en cuanto a la indeterminación del párrafo objetado por la Corte. La definición de sustancias químicas contaminantes, tóxicas o peligrosas están enunciadas y caracterizadas detalladamente en el Anexo I y el Anexo II de la Ley Nacional 24.051. Este marco normativo representa, además de las exposiciones que puedan hacer oportunamente los especialistas en el tema, una guía clara y objetiva para evaluar los proyecto”, dijo.

Y agregó: “El espíritu y la letra de la Ley 7722 son claros. Hay que proteger el agua de cualquier tipo de contaminación que ponga en peligro la vida de los oasis mendocinos, más allá de cuál sea la sustancia específica que pueda provocar una catástrofe de esas características. Ellos ponen por delante el interés económico de las empresas a saber de antemano qué sustancias tóxicas pueden usar para sus proyectos, dejando en un segundo plano el impacto ambiental que las mismas puedan tener”.

Mario Vadillo y Marcelo Romano: Embestida 

Mario Vadillo y Marcelo Romano del Partido Verde indicaron que otra vez se pone en peligro el agua en Mendoza y que la minería se podrá desarrollar en la provincia con otras sustancias tóxicas.

“Es muy grave estar de nuevo en alerta porque empieza una embestida nuevamente de las elecciones, porque si ganan con muchos votos van a sentir de nuevo que tienen  la capacidad de volver para atrás la 7722. Es gravísimo”, dijo Vadillo.

Y agregó: “Nosotros no estamos en contra de la minería, estamos a favor de cualquier proceso industrial. Pero acá estamos defendiendo que estamos en una sequía extrema y tenemos que lograr una eficiencia en el uso de agua y que la poca que tenemos no se contamine”.

Fuente: Diario El sol.

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