Los primeros datos oficiales exponen el descarado dibujo de los “500 mil abortos clandestinos por año”. No fue la única fake news de una estrategia de manual que hoy festeja frívolamente su “éxito”. El 30 de diciembre de 2020, en plena pandemia, el Congreso votó la legalización del aborto, Ley 27.610

De acuerdo a las organizaciones promotoras de la legalización de esta práctica, en la Argentina se realizaban entre 450 mil y medio millón de abortos por año.

También morían “miles” de mujeres como consecuencia de abortar clandestinamente; otra mentira que aún hoy algunas siguen repitiendo contrariando las cifras oficiales, es decir las del sistema de estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación: 18 (dieciocho) en todo el 2019, y el número venía siendo inferior a 30 desde hace mucho tiempo. Ni siquiera era la primera causa de muerte materna; otro enunciado que, sin cifras, estaba destinado a impresionar.

La descomunal cifra inventada de abortos fue incluso dotada de una seriedad científica de la que carecía, gracias a una “investigación” auspiciada por la Cepal en el año 2000. El objetivo era generar en la opinión pública el sentimiento de que una verdadera “emergencia” sanitaria obligaba a legalizar esa práctica de modo urgente. Pero en Argentina morían -y siguen muriendo- más mujeres por desnutrición que por abortos. Morían y siguen muriendo más mujeres por complicaciones en el parto debidas a la mala atención durante el embarazo.

Las primeras cifras de aborto brindadas por la propia campaña verde son de 32.758 en el sistema público entre el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, casi un año.

En una reunión plenaria sobre la legalización del aborto organizada el 13 de octubre pasado por algunas de las ONG que lo promovieron, una de las participantes, la demógrafa Georgina Binstock, se hace la pregunta de por qué están “muy por debajo” de sus estimaciones previas. La cifra que analizaban en ese momento era de 25.894 abortos en el primer semestre de 2021.

Las respuestas son muy simpáticas: “otras metodologías”; falta compilar datos, a saber: las cifras de abortos “autogestionados” (los que se hacen con misoprostol que la mujer consume en su casa y recibiendo instrucciones por WhatsApp); los abortos realizados en el sistema privado, etc. Son algunas de las excusas proporcionadas por Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y por Silvina Ramos y Mariana Romero, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Este Centro fue uno de los más activos en la campaña proaborto. Integra lo que podríamos llamar la patria consultora, con excelentes vasos comunicantes con el Estado, al que provee datos y asesoramiento, y con financiamiento internacional -entre otros, de la Fundación Ford que -como ellos mismos informan- les obsequió el edificio donde funcionan.

Pero ninguno de estos factores alcanza para justificar la distancia sideral entre los 32 mil abortos confirmados en el primer año de legalización -o los 25.894 del primer semestre de 2021- y el medio millón “estimado” previamente.

La “estimación” de aquel documento patrocinado por la Cepal y al que aluden las investigadoras del CEDES calculaba una cifra entre los 450.895 y los 498.358… sorprendente precisión para la “estimación” de una actividad clandestina. Debe ser acción psicológica: las cifras así expresadas contribuyen a dar visos de realidad a un número dibujado.

Es que esa mentira era el sustento de otra a futuro. Poder decir que la legalización disminuiría el número de abortos, algo que, sin sonrojarse, las promotoras de la ley aseguraban durante los debates. Una predicción totalmente contraria al sentido común: ¿por qué sería más fácil someterse a una práctica clandestina y paga que a una legal y gratuita? No tiene pies ni cabeza. Si exagero la cifra falsa, cuando aparece la realidad puedo decir que el número de abortos disminuyó.

En concreto, queda claro que la cifra de medio millón no era exagerada o fruto de una mala estimación. Era sencillamente un invento. Una mentira a sabiendas. Una instrucción dada por los expertos internacionales en campañas pro aborto.

De hecho, la misma mentira se usó en Uruguay, en España, y en todos los países donde se logró legalizar el aborto: agigantar la cifra de abortos clandestinos es parte del modus operandi de las organizaciones abortistas. Es el manual, el instructivo, que también incluye la despersonalización del feto -un “amasijo de células”, una “larva” y otras bestialidades que se han escuchado en el Congreso de la Nación-, rechazar todo contacto con la realidad: no mostrar el feto ni mucho menos la violencia que representa un aborto; minimizar los riesgos, hablar de “derecho”, usar eufemismos -como “interrupción”-, etcétera, etcétera.

En todos los países donde se legalizó el aborto éste no hizo sino aumentar, en particular en los primeros años hasta estabilizarse en una cifra y el freno o las leves disminuciones ocasionalmente registradas se debieron antes que nada a las agresivas políticas antinatalistas.

Los abortos también van a aumentar en la Argentina con la legalización. Así como la contracepción porque forman parte de una política antinatalista promovida desde el Estado.

Las características de la ley que se aprobó, el festejo de hoy con “intervención” artística en el Congreso -que no es de los abortistas sino de todos los argentinos- y la agresividad con la cual se pretende obligar a practicar abortos aun a aquellos profesionales a los que esa práctica violenta en sus convicciones demuestra que sí se quiere el aborto.

Se lo quiere, se lo promueve, se lo propagandiza, se lo pretende enseñar en las escuelas, se lo banaliza y se lo frivoliza.

Si fuese cierto que nadie quiere el aborto, la ley debería haber incluido recaudos tales como un período de reflexión, un asesoramiento libre por parte de especialistas, una explicación clara de lo que es un aborto, etc. En cambio, tenemos una de las leyes de aborto más brutales: no hay período de reflexión, no se puede brindar a la persona que solicita esta práctica ninguna reflexión disuasiva, sólo explicarle los métodos posibles; y no pone límite a la edad gestacional.

Las 14 semanas son un límite ficticio porque con el argumento de una violación -aunque no esté denunciada legalmente-, o de un riesgo para la salud de la mujer -no un riesgo de vida, sino una afectación a la salud “integral”, es decir “física, psíquica o social” (¿pobreza?)- basta para que el aborto se practique más allá de las 14 semanas y sin límite alguno. Esto ya ha presentado problemas, en particular para los médicos, incluso los que están a favor del aborto son conscientes de esta barbaridad. Digámoslo con todas las letras: se practican abortos de bebés que ya son viables, es decir que, con los cuidados correspondientes, podrían sobrevivir fuera del útero materno.

Fuente: Inbofae.

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