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El Gobierno de Mendoza subió límite de descuentos por bono para créditos a estatales

El Gobierno de Mendoza aumentó la posibilidad de endeudamiento de los empleados públicos provinciales. Modificó el sistema que regula los descuentos directos que se hacen sobre los haberes de los estatales en concepto de cuotas, aportes o contribuciones. El límite de las deducciones pasó del 35% al 40% y además se habilitó a las entidades financieras a acceder a los Códigos de Descuento.

A través del decreto Nº 671, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Rodolfo Suarez introdujo cambios al Sistema de Códigos de Descuento que faculta al “personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, a pactar con aquellas personas físicas o jurídicas prestadoras de bienes o servicios o que perciban del personal aportes o contribuciones, que tengan concedido el uso de Códigos de Descuento, el pago de las sumas adeudadas a las mismas mediante descuento directo efectuado por el Gobierno de la Provincia sobre los haberes del personal y su posterior abono a los acreedores”.

Esta norma alcanza a las cuotas de afiliación sindical o a otras entidades, cuotas de servicios préstamos, farmacia, proveeduría, seguros de vida, de sepelio y otros seguros, entre otras deducciones automáticas que se aplican sobre los sueldos de los estatales.

La modificación dispuesta estableció un límite de descuento del 40% del haber mensual neto a percibir por el agente o funcionario. Esto implica un nuevo aumento en la posibilidad de endeudarse de los estatales, ya que en 2018 se había fijado el tope en un 20% y en agosto de 2020, en plena pandemia del coronavirus, subió al 35%.

Asimismo, abrió el juego a que bancos y compañías financieras puedan recibir el pago directo desde el Estado por las deudas que pacten con ellos los empleados públicos. En el decreto que regulaba el sistema desde el 2018 se exceptuaba de las personas físicas o jurídicas que podían solicitar el otorgamiento de Códigos de Descuento a aquellas comprendidas en la Ley Nº 21.526 de entidades financieras.

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En el nuevo decreto firmado por Suarez se eliminó esa excepción y en su artículo 4º estableció que “podrán solicitar el otorgamiento de Códigos de Descuento las personas humanas o jurídicas” que presenten una serie de requisitos que de detallan en el texto de la norma.

Desde la Casa de Gobierno explicaron a MDZ que estas modificaciones responden a que antes existía un «esquema cerrado» y que ahora se busca que «las entidades financieras que quieran puedan ofrecer servicios para los empleados estatales». Remarcaron que apuntan a «transparentar y abrir el juego para que los los trabajadores tengan más opciones de contratar servicios».

Entre los fundamentos de la medida rubricada por el mandatario provincial y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, se advierte que “resulta conveniente efectuar modificaciones” al sistema a fin de “hacerlo más eficiente” y “permitiendo acceder al mismo a todas las personas físicas o jurídicas que cumplan con las exigencias legales impuestas que así lo deseen, a fin de garantizar una mayor oferta de bienes y servicios a los empleados públicos con los beneficios que ello implica para el personal de la Administración Pública”.

Desde el Gobierno provincial también se pone en consideración que los ciudadanos utilizan el endeudamiento como “uno de los principales recursos ante situaciones de insuficiencia de ingresos corrientes y las condiciones de mercado ofrecen alternativas muy dispares, que pueden llevar a tomar una decisión de alto impacto negativo en sus ingresos”. Asimismo, remarca que “existen entidades que ofrecen préstamos a tasas reales muy elevadas”.

publ 2 abril 2022

En tanto, reconoce que Mendoza “presenta un bajo acceso a servicios financieros y participación en los depósitos y préstamos del sector privado no financiero al comparar con otras provincias, incluso algunas de menor desarrollo económico en términos de PBG per cápita”.

Por estas razones resaltan que “ante la necesidad de brindar mayores posibilidades de acceso al crédito a los agentes públicos, se estima conveniente modificar el límite de descuento del haber fijado así como permitir la incorporación de nuevos actores que permitan incrementar la oferta de servicios generando de esta manera mayor competencia y una reducción de las tasas reales”.

Fuente: Diario Uno.

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