El Cuerpo Médico Forense (CMF) está desbordado y ello preocupa a la justicia de Mendoza.
Hay varias explicaciones, según desde qué punto de vista se evalúe. O licencias, o jubilaciones, o falta de capacitación en algunos casos. Lo que está claro es que los fiscales ya saben que, salvo en un caso de extrema urgencia, tienen que anotarse en una lista de espera.
“No tiene nada que ver con el congelamiento de personal que ha dispuesto el Poder Ejecutivo. Lo que está pasando es que estamos atravesando una etapa de recambio generacional. A eso se agregan unas licencias que, por diferentes motivos, hicieron que faltaran profesionales. Pero en líneas generales estamos bien”, explicó Javier Salinas, director del CMF.
Más allá de sus declaraciones, Salinas envió hace días una comunicación interna para pedir que desde el Valle de Uco no envíen a nadie a hacer pericias los fines de semana porque no hay personal disponible; a excepción, claro, de que se trate de una urgencia.
“El problema es que cuando no es urgencia tardan muchísimo en hacer las pericias y mucho más en contestarlas”, se quejaron en una Unidad Fiscal. Ni hablar cuando hay que constatar lesiones leves. Al no derivar más a nadie a Sanidad Policial, todos los hechos son tomados por el CMF, menos los que son investigados por violencia de género o abusos sexuales (tiene divisiones propias). Ahí, el tiempo es fundamental: en cuestión de horas una lesión leve puede desaparecer y después es casi imposible de certificar.
Salinas confía en que, una vez que se reintegren todos los profesionales, la situación se normalizará: “Hemos llamado a concurso para cubrir los puestos en que hemos perdido personal”. Y agregó que, por ejemplo, la jubilación del anatomopatólogo, especialista en diagnosticar a partir de las características que muestra una lesión, fue una baja considerable; y que más allá de que el reemplazo ya fue incorporado, se trata de un área donde la experiencia es clave.
En Mendoza, el Cuerpo Médico Forense depende de la Procuración, algo que no suele ocurrir en otras jurisdicciones del país, donde los peritos oficiales responden a los tribunales superiores. En este caso, son auxiliares directos de los fiscales.
“Hemos invertido muchísimo en tecnología, pero es cierto que tenemos una falencia en los tiempos. Es algo que tenemos que mejorar, sin dudas”, se hace cargo Alejandro Gullé, responsable del Ministerio Público.
La situación es paradójica. Mendoza cuenta con equipamiento de última generación; de lo mejor que existe en el país y en Sudamérica. Sin embargo, en el rendimiento muestra falencias vinculadas con fallas operativas del recurso humano; por falta de capacitación o, sobre todo, porque no hay gente.
El combo entre cantidad de expedientes, poco personal y profesionales en formación ha generado más de un disgusto. En algunos casos, se han entregado cuerpos equivocados luego de las necropsias; en otros, se detectaron errores en la toma de las muestras de ADN que luego fueron enviadas al laboratorio del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Por suerte, aclararon, se lograron subsanar esas fallas antes de cometer un perjuicio en la resolución de un caso.
Entre los peritos también hay malestar. La queja recurrente es por los sueldos y porque son citados por abogados defensores como testigos a los juicios orales para que vayan y expliquen los resultados de las pericias. Y eso lo suelen hacer a contraturno. Es decir: a su horario laboral deben agregarle el peso de ser testigos. Eso, aseguran, les quita radio de acción para tener un segundo empleo.
Lejos de empatizar, abogados y jueces apuntan a la baja calidad de los informes periciales o al excesivo lenguaje técnico. Y se justifican al comparar algunos documentos con una receta médica: “Todos saben que hay algo escrito ahí, pero casi nadie entiende lo que dice”.
En Malargüe
La situación en Malargüe es similar a la del resto de la provincia, dado que se cuenta con un solo profesional que no siempre está disponible.
Nota con información de diario El sol.
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