El proyecto minero Cerro Amarillo, que envió el gobernador Rodolfo Suarez a la Legislatura, es uno de los planes por cumplir antes que termine el año ya surgieron los primeros cuestionamientos de ambientalistas.
Como estrategia, para evitar tensión política, el Ejecutivo decidió ingresar la iniciativa por el Senado, donde esperan tener menos resistencia, considerando que en Diputados están los representantes del Partido Verde y el sancarlino Jorge Difonso, férreo opositor a la actividad minera.
Es por eso que entre el miércoles y el jueves venidero comenzará el análisis en conjunto en la Cámara Alta entre la Comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, que preside, Rolando Baldasso (PRO) y la Comisión de Ambiente, cambio climático, riesgo de desastre, asuntos territoriales y vivienda, que comanda Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).
En la Legislatura confían en que “no debería ser complicado” ratificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto que llegó a la casa de las leyes en 2014 y fracasó en su momento porque no estaba listo el Inventario de Glaciares. El Ejecutivo puso a disposición el expediente para que los legisladores puedan estudiar y remarcan que se cumple la ley a “rajatabla”.
Además, hay apuro porque la empresa a cargo de la mina tiene intenciones de comenzar la exploración en la temporada de verano.
Cuestionamientos
Sin embargo, el proyecto minero de exploración en el sur provincial ya empezó a cosechar voces en contra, entre ellas, la de Eduardo Sosa, ambientalista y ex funcionario de la gestión radical de Alfredo Cornejo. Actualmente, es director de Ambiente y Ordenamiento Territorial en la Municipalidad de San Carlos y llegó a ese lugar de la mano de Difonso.
Por un lado, el ambientalista cuestionó que no se haya renovado cada dos años la DIA como está estipulado en el decreto 820. Además, explicó que el proyecto se encuentra dentro del área periglacial, zona donde está prohibida la minería.
Por último, Sosa indicó que, si en la etapa de explotación se usa xantato, consideró que es una de las sustancias tóxicas que prohíbe la Ley 7.722.
La respuesta del Gobierno
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, defendió el proyecto al asegurar que se han realizado todos los informes técnicos e investigaciones correspondientes, razón por la cual tienen la autorización y aprobación de la DIA por parte de la Dirección de Protección Ambiental, a cargo de Miriam Skalany.
Respecto de la Ley de Glaciares, el funcionario de Suarez admitió que la Ley de Glaciares es “ambigua” en cuanto a las interpretaciones, aunque dejó en claro que no hay afectaciones por la actividad minera en la zona.
“Buscan interpretaciones de la ley para prohibir la actividad”, manifestó Guiñazú.
Por su parte, la directora de Protección Ambiental explicó que en 2019 le solicitaron a la empresa que presentara la actualización de la DIA. En esa oportunidad respondieron que, como la misma no estaba ratificada y no hubo trabajo en la zona, no se justificaba dicha actualización, argumento que fue aceptado por las autoridades.
“Cerro Amarillo no se contrapone a ninguna ley vigente, está dentro del marco delo establecido. Cumple con toda la normativa ambiental”, destacó Skalani.
Fuente: Diario El sol.
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