Los legisladores del PRO Omar De Marchi y Álvaro Martínez impulsan un proyecto, que replicarán en Mendoza con los policías de la provincia, para que las fuerzas de seguridad nacionales incorporen cámaras personales y registren en tiempo real situaciones delictivas.
Luego de que fracasara en Mendoza su propuesta para que la policía incorporara pistolas eléctricas Taser, ahora los diputados De Marchi y Martínez, pretenden que las fuerzas de seguridad nacionales lleven cámaras corporales para lo que presentaron un proyecto en el Congreso. En paralelo van a replicar la iniciativa en la Legislatura mendocina.
Según consta en el proyecto, la idea es que los efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria porten estas cámaras en chalecos, uniformes o cascos, y que puedan grabar con ellas «desde el ángulo oficial y en tiempo real, video y audio grabaciones, de actividades incluidas controles de tránsito, arrestos, registros interrogatorios e incidentes con armas de fuego».
También sugieren que esas cámaras puedan contar con tecnología de datos de reconocimiento facial o biométricos, que es tecnología con la que cuentan por ejemplo algunos móviles del Ministerio de Seguridad local que sirve por ejemplo para saber si una persona tiene pedido de captura, o un vehículo pedido de secuestro.
«Creemos que es una herramienta de vigilancia móvil que funciona muy bien en otros países no sólo para registrar situaciones de delitos en tiempo real, sino también como una forma de control del accionar de las fuerzas. Son claves por ejemplo en situaciones de violencia de género, o en una persecusión o secuestro, para lo que aportarían pruebas irrefutables», aportó Álvaro Martínez.
La iniciativa deja claro que quien debe aportar estas cámaras será el Ministerio de Seguridad de la Nación, y quien dispondrá de ellas y de su contenido será el Ministerio Público Fiscal, que es quien coordina el trabajo de las fiscalías. En paralelo sugiere crear el Centro de Control de Cámaras Corporales, que estará conformado por personal administrativo e informático existente, quienes estarán obligados a guardar secreto. Tendrá a su cargo la seguridad y almacenamiento de las videograbaciones, que serán enviadas automáticamente al proveedor del servicio de almacenamiento y acceso remoto. Posteriormente serán almacenadas en los puntos de conexión y respaldo local.
El proyecto explica además todas las disposiciones y legalidades a tener en cuenta para poder aplicar esta tecnología en lucha contra el delito. En ese apartado se destaca la adquisición de dichos elementos, la capacitación pertinente de los agentes para su uso, evaluaciones, informes y metodologías en las cuales el empleo de las cámaras sea legal.
Para hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/HtBckzLubhR57FuvLfq3ZX
