El Gobierno Nacional incluyó el proyecto de «Ley Lucio» en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Senado.
Se trata de una iniciativa para capacitar funcionarios públicos sobre el abordaje de situaciones de violencia contra menores, como sucedió en el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa, que tiene a su madre y la pareja como principales acusadas del homicidio.
Así se oficializó a través del Decreto 45/2023, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en Diputados, promueve la creación del «Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes».
La decisión fue tomada luego de las críticas que recibió el mandatario hace una semana por el abuelo de Lucio Dupuy, padre del papá del niño asesinado, que acusó a Alberto Fernández de no cumplir con su promesa de impulsar la normativa. «Cuando el presidente de la Nación vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley en la primera sesión, pero lamentablemente la encajonó», había asegurado Ramón Dupuy.
«Ley Lucio»
El proyecto, sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre, establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
Fuente: Mendoza Post.
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