Una causa por abuso sexual y posible prostitución, que se destapó tras conocerse el embarazo de una niña de 13 años que dio a luz, está siendo investigada por la justicia de Malargüe y en ese marco su padre, un hermano y un amigo de la familia están privados de su libertad sospechados de haber vejado a la menor, pero todavía no se ha podido determinar quién fue el que produjo la gestación.
El caso llegó a manos de la Justicia en los primeros días de marzo pasado, publicó en las últimas horas diario Uno, cuando en una escuela de Bardas Blancas (la información no precisa si en la primeria o la secundaria) se enteraron de que una de sus alumnas estaba cursando un embarazo.
Al tratarse de una menor de 13 años, las autoridades escolares notificaron a las judiciales y se inició una investigación que quedó a cargo de la Fiscal departamental Andrea Lorente.

La pesquisa reconstruyó que la menor vive en un puesto junto a su padre de 53 años, su madre y dos hermanos – una mujer y un joven de 23 años-.
Se les dio intervención a los equipos interdisciplinarios de profesionales que constataron una situación de extrema vulnerabilidad de la niña y lograron los primeros testimonios previos a la declaración en cámara Gesell.
En esa primera instancia de la investigación surgió la sospecha de que otro puestero, que solía acudir a la casa de la víctima para llevarle carne a su familia, sería quién habría cometido el abuso sexual. Este individuo, de 27 años, fue detenido a fines de marzo y quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal en indeterminada cantidad de hechos. Es que la víctima refirió que era su «novio» pero luego, al profundizar el abordaje de los profesionales, se encontraron indicadores de violencia sexual bajo la anuencia de los familiares de la chica.

La menor decidió no realizar un aborto y dar a luz al bebé, aunque luego quedó a cargo de una familia cuidadora para avanzar en el proceso de adopción, según comentaron fuentes judiciales. La criatura nació en los primeros días de junio y se extrajo un rastro de su ADN para cotejarlo con el sospechoso. El resultado fue negativo.
Con esta novedad, más la declaración en cámara Gesell de la niña, en los primeros días de julio la Fiscalía decidió detener a su padre y a su hermano mayor, quienes también fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, delitos que tienen entre 8 a 20 años de cárcel.
Es que los nuevos datos de la investigación apuntaron a que estos familiares habrían participado de los vejámenes y hasta que sacaban un rédito económico de la explotación sexual de la menor.

Si bien resta un nuevo cotejo genético que pueda determinar si el bebé fue fruto de algunos de esos ataques incestuosos, los investigadores creen que más allá de la paternidad existen pruebas suficientes para considerar que los tres sospechosos cometieron abusos, por lo que se solicitó la prisión preventiva.
El juez Juan Ignacio Olmedo ordenó que los imputados sigan privados de su libertad aunque en modalidad domiciliaria, por lo que pudieron salir de la Unidad Penal X El Cerrito, ubicada en San Rafael, concluye la crónica del diario capitalino.
Fuente: Diario Uno.
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