Victoria Villarruel, candidata a vice presidente de Javier Milei, dijo que desde la promulgación de la Ley del aborto legal, ya se ha abortado casi al equivalente a toda la población de Tierra del Fuego: más de 170 mil personas.
Lo hizo en el marco de un posible intento por derogar la ley, con la que está en desacuerdo y para la cual propone un referéndum o consulta popular. Además, habló de dolarización, del cierre del Conicet y dio detalles de su plan en seguridad si llega al poder.
Villarruel ya había expresado varias veces su disconformidad con la legislación aprobada en diciembre de 2020, pero esta vez brindó datos específicos de qué piensa sobre el tema y de cómo podría abordarlo si llegara a ser vicepresidente. Aseguró que las cifras se acercan, como se explica más arriba, a los 200 mil abortos en menos de tres años.
«Javier Milei y yo somos provida. La ley fue aprobada muy de espaldas a la sociedad. La validó el Congreso, es cierto, pero en una paridad muy importante de fuerzas», comenzó diciendo la abogada y diputada por La Libertad Avanza. «Es una discusión que la puedo entender en un país que tiene resueltas sus necesidades básicas», aseguró.
Luego de eso, aportó los detalles que llamaron la atención a varios de los que estaban atentos a sus palabras: «Si yo les comentara que toda la población de Tierra del Fuego fue abortada desde la promulgación de la ley (…), no me parece que la población argentina deba hacerse cargo de hacer abortos a sus ciudadanas y además a todas las extranjeras que vienen a practicarse esa intervención en el país».
Explicó la comparación. Dijo que la provincia más austral del país tiene cerca de 190 mil habitantes, y que desde que existe la ley, «se han realizado 175 mil abortos».
Además, opinó: «Podés tomar el Misoprostol y tener pérdidas que requieran atención posterior. Lo dan como una pastillita y causa severas hemorragias, sobre todo en mujeres que no están preparadas para eso. Hay que debatirlo de cara a la sociedad, que no es lo que ha pasado. Se ha debatido en las Cámaras, pero de espaldas al pueblo argentino. Podríamos hablar de un referendum», lanzó.
Ya hablan de una dolarización dentro de 24 meses
La referente libertaria también habló sobre una de las grandes propuestas del mileismo: olvidarse del peso y dolarizar la economía del país. ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? ¿Qué implicaría en términos de devaluación y cuáles son los inconvenientes que podría traer? Alginas de esas respuestas las aportó en el mano a mano con Canal 7.
“Una de las banderas de Javier es la lucha contra la inflación. Se suma, como sabemos, a la dolarización y a la reducción del tamaño del Estado. Con eso presente, Javier contaba con la amistad y confianza de Emilio Ocampo (NdR: especialista en el tema, que este miércoles se incorporó a las filas de Milei) y se plasmó eso en algo concreto: con el anuncio de que va a estar junto a nosotros y seguramente ya trabajando en esto”.
“No es inmediatamente aplicable. El camino puede variar entre los nueve y los 24 meses, dependiendo de cuestiones legislativas. Por supuesto, es un indicio de algo que es notorio: el argentino ahorra en dólares y nosotros vamos en ese sentido”, dijo Villarruel. Sin embargo, también afinó los pronósticos: no es que en 2026, en el país ya se harían transacciones dolarizadas en el almacén de la esquina o se pagaría el colectivo con un billete de George Washington.
“No. Cuando hablamos de un período de entre nueve y 24 meses, tiene que ver con que países que han dolarizado, como Ecuador y El Salvador, han requerido esa cantidad de tiempo. La idea principal es reducir el tamaño del Estado, para lo cual hay que reducir también la cantidad de impuestos y disminuir o cortar con la obra pública. Eso va a permitir que la inflación baje y que el peso, que está tan devaluado y sin valor efectivo, permita avanzar sobre la dolarización”, aseveró.
Por último, la candidata a vicepresidente cerró diciendo que sería aventurado de su parte dar más información sobre el tema: “Siempre digo que el economista es Javier Milei. Y si hay algo que no me gusta es cuando los políticos ‘chamuyan’ y hablan como si supieran de todo. No es mi caso, y el que tiene los conceptos más claros respecto a esta temática es él”, cerró.
Política en seguridad y el cierre del Conicet
«Los cortes de ruta y piquetes hay que resolverlos. El Estado no puede seguir haciendo la vista gorda con la gente que impide la libertad de tránsito. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma: el que comete un delito, tiene que responder por él. Cuando una persona es encontrada cometiendo un delito en flagrancia, debe ser castigado. No puede ser que se entre y salga de la cárcel o del sistema penitenciario como si fuese una puerta giratoria. Por supuesto, eso no tiene que ver con que se violen prisiones preventivas ni los derechos humanos», dijo Villarruel, en uno de los pasajes sobres su política en seguridad.
Además, dijo que el Estado actual tiene una postura “abolicionista”. En el caso de los delitos de sangre, como homicidios, aseguró que «el delincuente debe tener claro que su accionar puede tener riesgos para su libertad o para su vida; porque si la persona asaltada o un policía repliegan un ataque con arma de fuego, eso no puede ser tomado como un acto ilegal», apuntó.
«Legalmente, aunque sea legítima defensa, hoy el Estado baja una línea en la que pedimos que pongan el cuerpo a las fuerzas de seguridad, pero cuando repelen un ataque, desde las estructuras estatales se los deja solos. No se los respalda en procesos penales que, en la mayoría de los casos, responden a acciones que fueron legítimas”.
Por último, se refirió a una de las polémicas del momento: el supuesto intento por cerrar el Conicet.
«Lo que estamos haciendo es un razonamiento que la propia sociedad debe hacerse. ¿Está bien que en el Conicet se investigue la película de El Rey León o la sociología de tal libro? ¿Está bien que los argentinos paguemos ese tipo de investigaciones? Hay otras (realizadas ahí) que me parecen muy encomiables, pero hay un abuso, porque el Estado termina solventando investigaciones irrelevantes, al mismo tiempo que en plena Capital Federal hay personas que no tienen agua potable, en el Siglo XXI. Se va a dirimir legislativamente en caso de que seamos gobierno», cerró.
Fuente: Diario Uno.
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