En una decisión que marca un cambio significativo en las condiciones carcelarias de Mendoza, el juez Sebastián Sarmiento resolvió poner fin al uso de teléfonos celulares por parte de los reclusos en cárceles de la provincia.
De este modo, rechaza las extensiones de emergencia (que venían desde el Covid) solicitadas por los defensores públicos y la Asociación Verdad y Justicia, y establece medidas claras para la implementación de esta nueva disposición.
Sarmiento firmó la resolución luego de las solicitudes presentadas por los Defensores Oficiales de la provincia, el Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia que pretendían extender la emergencia, basándose en que el DNU del presidente, Javier Milei, menciona distintas emergencias y además argumentando que el uso de celulares había sido beneficioso para los presos. Al mismo tiempo, se planteó que gracias la telefonía móvil en las cárceles se había constatado unos 180 delitos cometidos con estos dispositivos, ya sean estafas, secuestros virtuales y robos.
Excepciones
Sin embargo, la resolución también contempla excepciones. Se hace lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas Privadas de la Libertad, permitiendo la autorización excepcional para el uso de teléfonos móviles en los centros de detención que albergan a mujeres.
Esta excepción se mantendrá hasta que se adecuen las normas reglamentarias a los estándares establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La excepcionalidad presentada para las mujeres en situación de encierro es porque aquellas que tienen hijos, en muchos casos, pierden contacto con ellos. Detalló el magistrado que los muchos progenitores u otros familiares no les llevan a los niños a las visitas o los llevan poco, y pierden contacto ellos.
Condiciones para la finalización de autorización
Para llevar a cabo la finalización de la autorización de uso de teléfonos celulares, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza deberá cumplir con varias disposiciones:
– Establecer una periodicidad semanal para el régimen de visitas de familiares y allegados en los establecimientos penales.
– Retirar los equipos telefónicos móviles de manera gradual en un plazo mínimo de seis meses, con un mecanismo de trazabilidad para permitir a los familiares retirar los equipos.
– Notificar con al menos treinta días de anticipación a las personas detenidas sobre el retiro de los equipos.
– Solo disponer el retiro en sectores donde exista un sistema de telefonía pública en condiciones operativas.
-Instalar equipos para videollamadas, videoconferencia y/o plataformas de comunicación en cada establecimiento carcelario para situaciones de emergencia familiar y contacto con defensores y asesores jurídicos.
Esta decisión busca balancear la seguridad en los centros penitenciarios con el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Fuente: Mendoza Post.
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