Martín Antolín, el único concejal de La Libertad Avanza en San Rafael, ha presentado un recurso ante el Ministerio de Economía de la Nación para frenar la adenda que permite redistribuir los 1.023 millones de dólares originalmente destinados a la construcción de la presa Portezuelo del Viento y sus obras complementarias.
Antolín, con el respaldo del dirigente justicialista Enzo Orosito, busca impedir que los fondos sean desviados hacia otras obras en la provincia de Mendoza.
La adenda firmada por Alfredo Cornejo y Luis Caputo ha causado preocupación en el sur de la provincia, donde varios dirigentes consideran que esta decisión representa un perjuicio doble para la región. En primer lugar, por el impacto de la Promoción Industrial que afectó a la infraestructura productiva del sur mendocino y, en segundo lugar, por el desvío de los fondos destinados a Portezuelo del Viento.
Antolín y Orosito argumentan que tanto el convenio de 2019 como la adenda de 2024 son ilegales, ya que contradicen la Ley de Presupuesto 2019 y la Ley de Administración Financiera. Estas leyes prohíben operaciones de crédito público no contempladas en el presupuesto o en una ley específica, lo que invalida cualquier ampliación de la afectación de los fondos sin el aval del Congreso Nacional o la Corte Suprema.
El concejal libertario ha solicitado al Ministerio que anule la adenda y suspenda su ejecución, además de pedir al Gobierno provincial que retire el proyecto de ley que busca dar aval parlamentario a la redistribución de los fondos. Antolín advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, podrían iniciar acciones legales ante la Corte Suprema y presentar una denuncia penal contra Cornejo y Luis Caputo, titular del Ministerio nacional, por malversación de fondos públicos.
El recurso presentado destaca la importancia de mantener los fondos en la región sur de Mendoza, argumentando que el desastre generado por la Promoción Industrial justifica la necesidad de inversión en esta área. Desde la implementación de la promoción en 1970 hasta su derogación, la participación del sur mendocino en el producto bruto interno provincial cayó significativamente, lo que motivó las acciones legales de las cámaras empresariales del sur.
Orosito también subrayó la legitimidad de origen de los fondos, recordando que fue la región sur la que lideró el reclamo ante la Corte Suprema por los perjuicios causados por la promoción industrial. Las gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael fueron cruciales para que la provincia obtenga los fondos para Portezuelo del Viento.
El dirigente justicialista destacó la convencionalidad del proyecto, señalando que la construcción de Portezuelo del Viento ha sido reconocida como la principal opción para el uso de los fondos en sucesivos convenios bilaterales entre Nación y Mendoza. “Durante casi 20 años, tanto Nación como Mendoza han reconocido la justicia en la localización de los fondos en el sur,” afirmó Orosito.
Antolín y Orosito están decididos a luchar para que los 1.023 millones de dólares sean utilizados en beneficio del sur mendocino, y no redistribuidos a otras obras en la provincia. Esta acción es vista como un paso necesario para asegurar que la región reciba la inversión que le corresponde y para proteger los intereses de los habitantes de la región.
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