La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley que modifica el Código Contravencional, en un esfuerzo por reforzar la seguridad pública. Esta iniciativa, parte de un paquete de once leyes de seguridad, introduce severas sanciones económicas y penales para varias conductas, destacando la conducción bajo los efectos del alcohol, el acoso callejero y el abandono de menores en vehículos.
El proyecto establece que quienes conduzcan con una alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre enfrentan multas de entre 4,000 y 11,000 Unidades Fiscales (UF) o arresto de hasta 120 días, además de la inhabilitación para conducir de 90 a 545 días. Según el valor actual de la UF, estas multas pueden superar el millón de pesos.
No será posible convertir estas sanciones en trabajo comunitario, y los infractores deberán asistir a cursos de capacitación en prevención y conducción responsable. Además, los vehículos serán retenidos hasta que se cumpla la sanción.
Acoso sexual callejero
El acoso sexual callejero también se aborda con firmeza en esta normativa. Las personas que cometan esta infracción en lugares públicos o accesibles al público enfrentarán multas de entre 200 y 2,000 UF, o trabajo comunitario de 8 a 20 días. Si la víctima es menor de edad o tiene una discapacidad, las penas se duplicarán en su mínimo y máximo.
Abandono de menores en vehículos
Otra importante modificación del Código es la sanción por dejar a menores de ocho años solos en vehículos. La multa para esta infracción será de entre 600 y 2,000 UF, o arresto de 6 a 20 días, o trabajo comunitario de 12 a 36 días. Si el vehículo está encendido o las condiciones suponen un riesgo mayor para el menor, la sanción se duplicará.
Debate legislativo
La votación concluyó con 43 votos a favor y 1 en contra. Beatriz Martínez (UCR) subrayó que estas modificaciones buscan ser un primer anillo de contención social para mantener el orden y la paz ciudadana. Germán Gómez (PJ) y Mauro Giambastiani (PV) también expresaron su apoyo, aunque Giambastiani señaló que, aunque necesarias, las penas no resolverán completamente el problema. En contraste, José Luis Ramón (CxC) votó en contra, argumentando que el proyecto se alinea con una política de mano dura que podría violar el principio de inocencia y el debido proceso.
Estas reformas, que aún requieren la aprobación final, representan un esfuerzo significativo por parte del gobierno para fortalecer la seguridad pública y disuadir conductas peligrosas y antisociales.
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