Ayer, lunes 1 de julio, se cerró la causa por «abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada, producción y distribución de material de abuso sexual infantil agravada» de una pareja malargüina que fuera detenida en nuestra ciudad por parte de Gendarmería Nacional en 2023.
En la víspera, el juez Ariel Hernández, tras un acuerdo con la Fiscalía, dispuso una condena de 25 años al hombre que reconoció ser el autor de los delitos y ahora estará preso, según el cómputo de la pena, hasta el 10 de abril de 2048. La mujer había aceptado su culpabilidad en febrero de este año, también en un juicio abreviado, y debe estar presa por 17 años.
El caso salió a la luz el año pasado cuando Gendarmería allanó dos viviendas en barrio Bastias y detuvo a la pareja que no convicía en la misma casa. En los allanamientos realizados por la fuerza de seguridad se secuestraron computadoras y celulares donde había decenas de imágenes y videos del momento en que se realizaban los abusos sexuales.
La investigación nació luego de reportes generados por una ONG, que está en Los Estados Unidos, y a la que reportan todas las empresas como Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, por infracciones a sus normas comunitarias relacionadas con explotación de niños.
En total eran 13 reportes que indicaban que se trataba de material novedoso en la red. En este caso eran reportes de dos empresas: Instagram y Google con un punto en común que era el mismo correo electrónico y las conexiones de IP, marcaban un prestador de internet que brinda servicio en Malargüe.
Fiscal solicitó prudencia
En una declaración a los medios malargüinos tras conocerse la condena de ayer, el Fiscal Javier Giaroli, titular de la Fiscalía de instrucción Nº 2 de San Rafael, ha enfatizado la importancia de la prudencia al manejar información relacionada con el delicado caso de abuso infantil que conmocionó a la comunidad. El fiscal hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar divulgar datos que puedan identificar a las víctimas, resaltando que se trata de menores que ya han sufrido bastante.
Luego informó que el caso, que comenzó en diciembre de 2022, involucra la distribución de material de abuso sexual infantil detectado inicialmente por una ONG estadounidense, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). Según Giaroli, la investigación se dividió en varias etapas, comenzando con reportes prioritarios debido a la novedad del material descubierto.
La investigación avanzó significativamente gracias a la colaboración de Gendarmería, que permitió la identificación de los autores de los hechos y la realización de allanamientos clave. Los culpables fueron identificados a través de técnicas avanzadas de análisis de metadatos y fueron condenados a 17 y 25 años de prisión, respectivamente.
Giaroli destacó la gravedad del delito de producción de material de abuso sexual infantil, subrayando que este caso es uno de los pocos en el país donde se ha logrado una condena por dicha producción. También valoró la intervención de una abogada especializada en los derechos del niño, cuya participación fue crucial para representar a las víctimas.
El fiscal concluyó su declaración insistiendo en la necesidad de proteger la identidad de los menores involucrados y prevenir su revictimización, invitando a la comunidad a ser conscientes y responsables en la difusión de información relacionada con casos tan sensibles.
Este llamado a la prudencia subraya el compromiso de las autoridades y de la sociedad en general para proteger a los más vulnerables y asegurar que la justicia se imparta sin causar un daño adicional a las víctimas.
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