«Cumpliendo con el mandato del Presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen» informó el sitio oficial Argentina.gob.
En la comunicación se lee que «la baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas».
Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados.
«Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente» indica un párrafo del escrito oficial.
El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma.
Según indicó el texto que ingresó al Palacio Legislativo, el objetivo es «el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro».
«Delito de adulto, pena de adulto» fue la frase utilizada por Javier Milei para respaldar la propuesta impulsada por Bullrich y el ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona.
Entre sus principales puntos, la presentación explica que los menores que sean privados de su libertad estarán en «establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo», lo que implica que no tendrán contacto con presos mayores de edad.
Asimismo, establece penas máximas de 20 años que podrán ser revisadas al cumplirse dos tercios de su cumplimiento y penas más severas en caso de incumplimiento.
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