En una serie de operativos policiales, se realizaron 16 allanamientos en las ciudades de San Rafael y Malargüe, relacionados con delitos de material de abuso sexual infantil, comúnmente referido como pornografía infantil. El fiscal Javier Giaroli informó que originalmente se planearon 18 allanamientos, pero se decidió limitar el número a 16 para profundizar la investigación antes de proceder.
De estos allanamientos, 15 se llevaron a cabo en domicilios particulares y uno en un local comercial en San Rafael, específicamente en un café ubicado frente a la plaza departamental. La operación resultó en la detención de 15 personas, quienes están siendo investigadas por su presunta implicación en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil y en casos de grooming. Este último delito involucra el contacto de adultos con menores de edad con la intención de obtener imágenes o videos de contenido sexual.
Entre los detenidos se encuentran individuos de diversos perfiles, incluyendo un diseñador gráfico y un candidato a concejal por el partido Verde. También trascendió que hay una persona que realizó cambio de identidad sexual.
Según el fiscal Giaroli, uno de los detenidos es sospechoso de haber comercializado material de abuso sexual infantil utilizando criptomonedas como Bitcoin y Tether. Se le acusa de haber vendido cada video por un valor de 80 a 100 dólares, y se estima que tenía en su posesión cerca de 800 videos, acumulando aproximadamente 5.000 videos y fotografías de este tipo.
Durante los allanamientos, además de la incautación de material informático, se encontraron otros objetos de interés para la investigación, como seis armas de fuego y dos bicicletas presuntamente robadas. Una de las armas fue vinculada a un caso de grooming, donde el sospechoso habría enviado una foto de un arma a una menor como parte de su acoso.
El fiscal Giaroli mencionó que la investigación aún está en curso, con especial enfoque en la identificación de la red de distribución del material ilegal y la posible vinculación de otros individuos.
Se espera que algunos de los detenidos sean llevados ante el tribunal, donde se presentarán las pruebas recopiladas. El fiscal enfatizó que es necesario que los acusados vean las pruebas físicamente, ya que este tipo de material no se puede transmitir a través de redes por su naturaleza sensible.
Otro aspecto destacado es la posible implicación de personas con problemas de salud mental. En dos casos, se ha solicitado una evaluación psicológica para determinar el estado mental de los sospechosos. Uno de ellos es acusado de utilizar identidades falsas en redes sociales para contactar a menores, mientras que otro tiene un historial de comportamientos fetichistas.
La operación es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la explotación sexual infantil y el tráfico de material relacionado. Las autoridades han señalado que este tipo de delitos es una prioridad y que continuarán trabajando para desmantelar estas redes y llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad ha mostrado su preocupación y apoyo a las víctimas, destacando la importancia de la denuncia y la educación para prevenir estos crímenes.
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