El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) ha sido imputado por el fiscal federal Carlos Stornelli por el delito de abuso de autoridad, en el marco de las decisiones tomadas durante la pandemia de Covid-19. La imputación se produjo luego de las declaraciones del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en una entrevista aseguró que la prolongación de la cuarentena fue utilizada como “una bandera política” y que se extendió “más de lo que debería haber sido”.
Según lo informado por el portal Infobae, el gobierno de Fernández decretó un total de 336 días de restricciones, desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 6 de junio de 2021, a través del aislamiento social, preventivo y obligatorio, así como del distanciamiento social. Estas medidas fueron implementadas como respuesta a la emergencia sanitaria, pero ahora están bajo la lupa judicial por su duración y supuestos motivos políticos.
En su denuncia, el fiscal Stornelli sostuvo que “los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento más allá de lo necesario, a sabiendas de la información técnica disponible, todo ello con el fin de obtener un rédito político”. El fiscal añadió que tales acciones habrían sido contrarias a las normas que justifican el ejercicio de la función pública.
Esta imputación se suma a la denuncia presentada previamente por el fiscal Guillermo Marijuan, la cual también incluyó a otros funcionarios del gobierno de Fernández que participaron en la toma de decisiones durante la pandemia. Además, el legislador porteño Yamil Darío Santoro y los abogados José Lucas Magioncalda e Ignacio Falcón habían denunciado a Fernández por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
Stornelli también decidió convocar a una serie de economistas mencionados en la denuncia para que presten declaración testimonial. Entre ellos se encuentran Roberto Cachanosky, Victoria Giarrizzo, Camilo Tiscornia, Federico Vacalebre, Marcelo Capello, Laura Caullo, Fernando Kühn, Eduardo Levy Yeyati, Rodrigo Valdés y Soledad Pérez Duhalde. El objetivo es que estos especialistas se explayen sobre los estudios y publicaciones citadas en la denuncia que refieren a los impactos económicos y sociales de las medidas tomadas durante la pandemia.
Por otro lado, el fiscal ha solicitado al Poder Ejecutivo Nacional que reúna información sobre los reclamos personales, corporativos, empresariales, sindicales y de cualquier otro tipo en relación con las restricciones impuestas por el gobierno durante la emergencia sanitaria. Este requerimiento busca esclarecer si existieron presiones o intereses específicos detrás de las decisiones tomadas.
La denuncia contra Fernández ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político. Entre las críticas más recientes se encuentra la del diputado nacional José Luis Espert, quien calificó de “arbitraria” la gestión del expresidente durante la pandemia. Fernández, por su parte, aún no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a la imputación en su contra.
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