El diputado Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza (LLA-Mendoza), presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar la Ley de Identidad de Género en Argentina. La propuesta pretende prohibir el cambio de género para menores de 18 años y para personas con condenas penales firmes, argumentando que estas medidas evitarían abusos legales y protegerían a los menores de influencias externas.
Actualmente, el artículo 5 de la Ley de Identidad de Género permite a los menores de edad cambiar de género con la autorización de sus padres o tutores legales y el acompañamiento de un abogado del niño. Según Martínez, este artículo debe eliminarse porque, en su opinión, «puede ser utilizado por adultos responsables para influir en decisiones que deben ser completamente libres y autónomas».
Además, el proyecto propone añadir un nuevo requisito para adultos: que quienes deseen rectificar su género en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no tengan una condena firme pendiente. Según Martínez, esto evitaría que la normativa sea usada como herramienta para «evadir la Justicia, confundir investigaciones o alterar la ejecución de penas».
Argumentos del legislador
Martínez justificó su proyecto citando casos que, según él, evidencian vacíos legales en la normativa actual. Mencionó, por ejemplo, el caso de Gabriela Fernández, una persona transgénero condenada por violencia de género en Córdoba, quien fue trasladada a una cárcel de mujeres tras declararse mujer trans. Durante su estadía, Fernández fue acusada de abusar sexualmente de una interna, lo que generó un amplio debate sobre la implementación de la ley.
“Es necesario garantizar que las normativas no sean utilizadas para generar confusión o para que ciertos individuos aprovechen estas leyes en perjuicio de otras personas. Este caso nos obliga a reflexionar sobre los límites y alcances de la legislación vigente”, señaló el diputado.
Reacciones políticas
El proyecto divide aguas en el Congreso. Mientras que algunos sectores respaldan la iniciativa al considerarla una herramienta para «proteger a los menores y fortalecer el sistema judicial», otros legisladores y activistas la critican por restringir derechos adquiridos y criminalizar a las personas trans.
Desde el Frente de Todos y organizaciones de derechos humanos ya anticiparon que se opondrán a la medida, argumentando que contradice principios fundamentales de la Ley de Identidad de Género, reconocida a nivel internacional como una de las más avanzadas en materia de derechos LGBTQ+.
Debate en la sociedad
El proyecto también despertó intensos debates en la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran que las reformas son necesarias para evitar abusos, otros lo interpretan como un retroceso en la construcción de una sociedad más inclusiva. En las redes sociales, las etiquetas relacionadas con el tema se convirtieron rápidamente en tendencia, mostrando posturas polarizadas entre quienes defienden la libertad de elección y quienes abogan por mayores restricciones legales.
Martínez aseguró que continuará impulsando el debate en el Congreso con el objetivo de que las modificaciones sean aprobadas. “Nuestra intención no es restringir derechos, sino protegerlos, especialmente en el caso de los niños y las víctimas de delitos graves”, concluyó.
Con información de Diario UNO.
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