La playa de secuestro de vehículos, motos y bicicletas de la Policía de Mendoza, ubicada en la calle Adolfo Puebla, entre Saturnino Torres e Inalicán, refleja un problema crónico que demanda atención urgente por parte de las autoridades. La saturación es evidente: vehículos acumulados en la vereda del edificio de la Policía Vial y en el costado oeste de la calle, frente a un establecimiento educativo, configuran un escenario que trasciende lo visualmente desagradable para convertirse en una amenaza potencial a la seguridad pública.

El caso de un automóvil, con visibles signos de haber sufrido un accidente de tránsito, estacionado incluso en el sentido inverso al de circulación, es elocuente.

Esta imagen representa no solo la negligencia institucional, sino también la contradicción de una fuerza que, mientras exige el cumplimiento de normas a los ciudadanos, las incumple en su propio accionar.

Más alarmante aún es la permanencia de un vehículo de transporte de pasajeros estacionado frente a un jardín maternal desde hace casi tres años.

Este hecho no solo obstruye el acceso seguro de niños y padres, sino que también expone la pasividad de las autoridades frente a una problemática que afecta directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Vecinos del lugar han expresado su preocupación ante el riesgo latente de un incendio en esta playa, que pondría en peligro no solo los vehículos allí depositados, sino también a una manzana entera que alberga organismos provinciales vitales como el Juzgado de Familia, el Registro Civil, la Subdelegación de Bomberos y la misma Policía. A esto se suman dependencias estratégicas como Irrigación y el Hotel de Turismo municipal, lo que eleva la gravedad de la situación.

La inacción de las autoridades en este tema resulta inexcusable. El problema no es nuevo ni desconocido: ha sido abordado en la prensa en múltiples ocasiones y se han presentado escritos formales a distintos niveles gubernamentales sin que hasta ahora se haya dado una respuesta efectiva.

Esta playa saturada es una metáfora inquietante de cómo la desidia administrativa y la falta de planificación pueden llevar a situaciones que violan las normas básicas de convivencia y generan un peligro inminente para toda la comunidad.

Urge que las autoridades tomen medidas inmediatas: ya sea reubicando esta playa en un espacio adecuado, descongestionándola mediante la remoción o el destino final de los vehículos acumulados, y, sobre todo, estableciendo un control más riguroso sobre el uso del espacio público.

Es hora de que las instituciones asuman su responsabilidad. No se trata solo de evitar imágenes lamentables, sino de garantizar la seguridad, la funcionalidad urbana y el respeto por las normas que, paradójicamente, las mismas autoridades exigen a los ciudadanos. Solo así evitaremos lamentar consecuencias que, a estas alturas, ya no serían accidentales, sino producto de una negligencia anunciada.

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