En la Argentina de hoy, reclamar por el mal funcionamiento de las obras sociales y prepagas se ha convertido no solo en un derecho, sino en una urgencia. Las demoras en autorizaciones, la imposibilidad de acceder a turnos médicos, la entrega deficiente de medicamentos y la falta de respuesta ante prácticas o intervenciones esenciales son parte del día a día de millones de afiliados. Lo grave es que, mientras esto ocurre, los sindicatos que administran muchas de estas obras sociales exhiben un poder económico que no se traduce en beneficios concretos para quienes realmente los necesitan: los trabajadores y sus familias.
La situación se agrava con la silenciosa pero evidente reducción de personal en las obras sociales y prepagas. Oficinas que antes contaban con agentes para orientar, acompañar y resolver, ahora derivan a los usuarios a una app. Desde pedir una orden médica hasta tramitar una autorización para un estudio de alta complejidad, todo se hace desde una pantalla. Para una parte de la población habituada a la tecnología esto puede parecer un avance; para otra, sobre todo adultos mayores o personas con escasa alfabetización digital, es simplemente una barrera. Una barrera que muchas veces se transforma en abandono de la atención médica.
Detrás de esa pantalla ya no hay rostro humano que comprenda la urgencia, el dolor o el miedo. Hay un sistema automatizado que no explica, que no razona, que no escucha. Si la computadora aprueba el estudio, bien. Si no, a insistir. A esperar. A resignarse. Es la despersonalización de la salud: cuando una app termina reemplazando a un interlocutor humano, el derecho a la atención se vuelve un trámite burocrático.
Desde el Estado nacional se han dado pasos importantes en las últimas semanas para enfrentar esta crisis. La Superintendencia de Servicios de Salud estableció, por resolución 951/2025, plazos máximos para que obras sociales y prepagas respondan los reclamos: cinco días corridos para informar y treinta días hábiles para resolver. Además, se crea un ranking público de cumplimiento, con sanciones económicas importantes para quienes no acaten. Son herramientas legales valiosas, pero que sólo funcionarán si los ciudadanos las utilizan. Por eso es clave que cada afiliado que sufra demoras o negativas injustificadas se acerque o ingrese a la web de la Superintendencia y haga su denuncia. El silencio no construye derechos; el reclamo sí.
En Mendoza, también vemos con preocupación lo que ocurre con obras sociales provinciales y sindicales. Casos como el de OSEP, la obra social de empleados públicos, o las situaciones que atraviesan afiliados a diferentes gremios, reflejan una estructura colapsada, lejana, con serias dificultades para cumplir con lo básico: garantizar la atención en tiempo y forma. Si a esto le sumamos que muchos dirigentes sindicales manejan presupuestos millonarios sin control y sin rendición transparente, la indignación se convierte en alarma.
La clase política, por su parte, mira hacia otro lado. En medio de debates interminables por cargos, internas o campañas anticipadas, pocos se detienen a mirar lo que realmente importa. La salud no puede seguir dependiendo de un sistema que terceriza la gestión en algoritmos, ni de funcionarios que responden a intereses más cercanos al poder que al bienestar común.
Es momento de exigir. De exigir una salud cercana, humana, transparente. De exigir que las aplicaciones estén al servicio de las personas, y no al revés. Y de exigir también que quienes conducen las obras sociales rindan cuentas, no sólo de sus balances, sino de su verdadero compromiso con los afiliados.
Porque la salud no puede esperar a que una app diga “aprobado”.
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