Desde hoy, Mendoza tiene un nuevo Estatuto del Empleado Público. La Ley 9.665, promulgada y publicada en el Boletín Oficial, moderniza un régimen que llevaba más de medio siglo sin modificaciones. La norma ya está en plena vigencia y modifica las reglas laborales de miles de agentes del Estado provincial.
La reforma alcanza a los empleados de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación. No se aplica a docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad ni empleados municipales, que conservan sus regímenes propios.
Entre los principales cambios, la ley elimina los cargos hereditarios y dispone que todo ingreso o ascenso deberá hacerse mediante concurso público. Las contrataciones temporarias ya no podrán prorrogarse indefinidamente: caducarán al terminar el mandato del funcionario que las designó. Además, se crea la figura del agente interino, con estabilidad limitada hasta que se cubra el cargo mediante concurso.
En materia de indemnizaciones, se fija un tope de 24 meses de salario y un plazo máximo de 30 días para su pago, igualando las condiciones del empleo público con las del sector privado. También se aclara que, si una cesantía es anulada, el trabajador podrá reincorporarse, pero sin cobrar los salarios caídos durante el proceso.
La reforma establece mecanismos más ágiles y claros para las evaluaciones de desempeño y los procedimientos disciplinarios, garantizando el derecho de defensa en sanciones graves. En cuanto a la antigüedad, solo se reconocerán los años trabajados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo períodos bajo locaciones o contratos autónomos.
El Gobierno provincial sostiene que la Ley 9.665 representa un avance hacia un Estado más transparente y eficiente, basado en la meritocracia. Sin embargo, sindicatos y parte de la oposición advierten que algunos puntos podrían vulnerar derechos adquiridos, por lo que se analizan presentaciones judiciales.
Con la entrada en vigencia de esta norma, Mendoza actualiza su estructura administrativa y redefine las reglas del empleo estatal, en un cambio que afectará progresivamente a toda la gestión pública provincial.
