Los electores que no asistieron a votar en las elecciones legislativas nacionales 2025 deberán justificar su ausencia o abonar una multa que va de $50 a $500, según el Código Electoral Nacional y la normativa provincial vigente. Te contamos los pasos para realizar el trámite en Mendoza.
Los mendocinos que no concurrieron a votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 deberán justificar su ausencia o abonar una multa económica. Según lo dispuesto por el artículo 125 del Código Electoral Nacional (Ley 19.945), la sanción por no emitir el voto sin causa justificada se encuentra entre $50 y $500.
Este rango de multa aplica a todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Aquellos que no cumplan con esta obligación quedarán inscriptos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, dependiente de la Cámara Nacional Electoral.
El trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial de la Cámara Nacional Electoral. Allí, el ciudadano debe ingresar su número de DNI y verificar si figura en el registro de infractores.
De acuerdo al artículo 12 del Código Electoral Nacional, están exentos de votar los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas, quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación y puedan justificarlo, las personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor debidamente acreditadas, y el personal de servicios públicos que deba trabajar durante el desarrollo del comicio. En caso de contar con una justificación válida, el elector debe subir la documentación respaldatoria. Si no hay motivo válido, el ciudadano deberá pagar la multa correspondiente mediante los medios de pago habilitados y luego descargar la constancia de regularización.
Las personas que no justifiquen su ausencia ni paguen la multa serán incluidas en el Registro de Infractores y podrían enfrentar restricciones administrativas, como la imposibilidad de tramitar o renovar el pasaporte o de ser designadas para cargos públicos durante los tres años siguientes.
Se recomienda a los ciudadanos realizar el trámite con anticipación y conservar los comprobantes digitales. Cumplir con esta obligación garantiza la validez del registro cívico y fortalece la representación democrática.
