La medida fue adoptada durante una inspección de rutina para verificar el cumplimiento de la normativa minera vigente en la provincia de Mendoza.
La Policía Ambiental Minera, organismo dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, ordenó el cese inmediato de actividades en una mina de tercera categoría ubicada en el departamento de Malargüe tras constatar incumplimientos graves de seguridad operativa y ausencia de habilitaciones exigidas por la normativa vigente.
La medida se adoptó durante una inspección inicial vinculada con el Informe de Partida, un procedimiento obligatorio para las operaciones mineras que están por iniciar o han declarado el inicio de actividades extractivas. El objetivo de este control es verificar que las condiciones reales de funcionamiento coincidan con lo declarado oficialmente y que la operación cumpla con el Código de Procedimientos Mineros y las normativas de seguridad aplicables.
Durante la visita al sitio, donde se encontraban operarios trabajando, los inspectores identificaron múltiples irregularidades que ponían en riesgo la seguridad del personal y contradecían lo declarado en el informe previo. Entre los hallazgos se detectaron frentes de extracción con alturas superiores a los tres metros y pendientes pronunciadas que vulneran las normas de seguridad, elevando el riesgo de desprendimientos.
También se observaron deficiencias importantes en la señalización del área, falta de movilidad interna adecuada y ausencia de sistemas de comunicación para los trabajadores en el interior de la operación, condiciones que aumentaban la exposición de los operarios a situaciones de peligro.
Uno de los aspectos más críticos fue el manejo de explosivos y materiales peligrosos. El material explosivo estaba almacenado directamente en la cantera, cubierto por material de descarte, y se hallaron fulminantes enterrados en un balde cerca del campamento, en clara violación de las exigencias legales. Además, las detonaciones eran ejecutadas por personal que no contaba con la capacitación certificada, lo que incrementó aún más los riesgos operativos.
El jefe de la Policía Ambiental Minera indicó que la decisión de ordenar el cese de actividades se tomó como medida preventiva y orientada a proteger a los trabajadores, garantizar la legalidad de las operaciones y asegurar el cumplimiento estricto de las normativas vigentes en materia de minería y ambiente. Se labraron las actas correspondientes y se documentaron exhaustivamente las irregularidades detectadas durante la inspección.
La Policía Ambiental Minera continuará con sus acciones de control en distintas áreas de la provincia para asegurar que las operaciones mineras se ajusten a las normativas de seguridad y ambiente, en el marco de la política provincial orientada a una actividad minera responsable y transparente.
Fuente: prensa Gobierno de Mendoza
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