El Decreto Municipal N° 31 ordena gestionar que dependencias del Poder Ejecutivo provincial y del Poder Judicial paguen los servicios públicos y se determine un alquiler mensual por el uso de espacios municipales en Malargüe.
El Municipio de Malargüe dispuso, mediante el Decreto Municipal N° 31, avanzar con gestiones para que dependencias del Gobierno provincial y del Poder Judicial que utilizan inmuebles municipales paguen los servicios públicos y, además, se determine un alquiler mensual por esa ocupación. El núcleo de esa decisión está en el artículo 9 del decreto, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza del 16 de enero de 2026.
La norma es explícita en el “qué” pero no en los números: no fija montos, no identifica oficinas y no establece un valor de alquiler. Lo que sí ordena es encomendar a la Contadora General y al Asesor Letrado “realizar todas las gestiones útiles” para que dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial “hagan frente a todos los gastos por servicios” (energía, gas, agua, entre otros) y, además, “la determinación de un alquiler mensual” por el uso de dependencias municipales.
En Malargüe, el punto sensible es dónde se materializa ese uso. Según el relevamiento de este medio, y confirmación por parte del funcionario encargado de las relaciones con la comunidad, Héctor Arroyo, son tres edificios concretos, separados por jurisdicción, donde hoy funcionan servicios provinciales o judiciales dentro de espacios municipales o con costos que impactan en el municipio.
El primer caso corresponde al Poder Judicial , en ese edificio ubicado en las calles Jalil Naser y Valle Hermoso también funciona un Centro Integrador Comunitario (CIC) que comparte espacio con áreas municipales, entre ellas Licencias de Conducir y un Centro de Apoyo Educativo, de acuerdo con la información relevada para esta nota. Este dato es relevante porque muestra que se trata de un inmueble con múltiples servicios locales, al que se superponen actividades de otra jurisdicción.
El segundo inmueble señalado corresponde al Poder Ejecutivo provincial a través de la Policía de Mendoza: es la base de Cuerpos Especiales en instalaciones del barrio Grassi. Se trata de un espacio asociado a acuerdos previos ya vencidos entre el municipio y la fuerza provincial, lo que vuelve central definir, a partir del artículo 9, cómo se cubrirán servicios y si se establecerá un canon mensual.
El tercer edificio también corresponde a la Policía de Mendoza y es la delegación de Policía Científica en calle Saturnino Torres E, frente al Club Deportivo Malargüe.
Con estos tres puntos claros, el alcance del decreto se entiende mejor: el artículo 9 no “cobra” por sí mismo, sino que ordena iniciar acciones administrativas para que Provincia y Justicia asuman servicios y para que el municipio determine un alquiler mensual cuando se trate de dependencias municipales ocupadas por esos organismos.
El paso siguiente, que el decreto deja en manos de Contaduría General y Asesoría Letrada, es formal: identificar dependencias, consumos de servicios, encuadre legal de la ocupación y avanzar con los acuerdos o reclamos que correspondan. En un contexto de reestructuración municipal, la medida apunta a ordenar costos de funcionamiento y evitar que gastos de terceros recaigan sin compensación sobre el presupuesto local.
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