

La directora del Consultorio «Integra2» Miguelina Appugliese advirtió sobre un deterioro en las políticas de discapacidad en Malargüe, con impacto en la inclusión laboral, la accesibilidad y el funcionamiento de la Junta Médica Evaluadora. El Municipio emitió un comunicado por red social.

La situación de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad en Malargüe volvió al centro del debate tras las declaraciones de Miguelina Appugliese, referente del Centro de Atención de Integra2, quien expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en materia de inclusión, accesibilidad y derechos.
“Siempre creí que Malargüe es un departamento inclusivo, pero en los últimos tiempos he notado un deterioro muy grande en esa mirada”, afirmó Appugliese, al advertir que algunas decisiones se estarían tomando sin una comprensión profunda de la temática de discapacidad.
Entre los puntos señalados, cuestionó la falta de avances sostenidos en accesibilidad urbana. “Hacemos un debate enorme por una baranda en un edificio público, cuando son adaptaciones básicas para que una ciudad sea realmente accesible”, expresó.

La referente también puso el foco en la inclusión laboral y la desvinculación de personas con discapacidad que cumplían funciones en áreas municipales con contrato de locación. “Eran adultos capacitados, con tareas asignadas, que con ese trabajo sostenían su vida diaria. De un día para otro se quedaron sin nada”, sostuvo.
Según explicó, estas situaciones tienen consecuencias profundas. “La pérdida del trabajo afecta directamente la autoestima. Para una persona con discapacidad puede significar pensar que hizo algo mal o que no sirve”, afirmó.
Otro de los aspectos centrales fue la situación de la Junta Médica Evaluadora de Discapacidad. “Es la primera vez en más de 14 años que la Junta queda sin funcionar durante un mes por la baja de contratos de locación. Eso es gravísimo porque las personas pierden el acceso a sus derechos”, señaló, al remarcar la importancia del Certificado Único de Discapacidad.

En este contexto, Appugliese fue clara al definir el enfoque que, a su entender, debe tener el Estado. “En discapacidad no es lo que sobra. Hay que invertir, no trabajar con parches. Es una política de Estado y un derecho”, subrayó.
Desde la Municipalidad de Malargüe, el Área de Abordaje Integral de Discapacidad informó en su red social Facebook que, pese a una reestructuración de personal, la Junta Médica Evaluadora continúa funcionando, que se mantuvieron los trámites administrativos y que los turnos reprogramados ya fueron reagendados con comunicación directa a las personas afectadas.
El comunicado oficial también indicó que la Junta atiende los días miércoles desde las 8 horas y reafirmó el compromiso de seguir trabajando para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el contexto actual.
El debate vuelve a instalar en la agenda pública la necesidad de políticas de discapacidad sostenidas, planificadas y con inversión, en un departamento que cuenta con una comunidad históricamente sensible a la inclusión, pero que enfrenta el desafío de transformar ese compromiso en acciones concretas y permanentes.


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