El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad penal bajó de 16 a 14 años en Argentina. La norma crea procedimientos especiales para adolescentes y fija reglas de alojamiento separado de adultos. En Mendoza, la ministra Mercedes Rus respaldó el cambio y pidió recursos y dispositivos de contención para su implementación.
Argentina tiene nueva Ley Penal Juvenil: el Senado sancionó el Régimen Penal Juvenil y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal, habilitando que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser procesados y juzgados bajo un sistema específico.
En Diputados, la media sanción se había concretado el 12 de febrero, en una sesión donde se defendió la actualización de una normativa vigente desde 1980 y se remarcó que los adolescentes no deben alojarse con adultos y que la privación de libertad debe ser el último recurso.
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procesos diferenciados por edad, y establece que los menores de 18 no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos. También incorpora herramientas para acompañar el proceso, financiamiento para implementación y un mayor reconocimiento del lugar de las víctimas en el procedimiento.
Sobre el alcance de las penas, la ley habilita sanciones privativas de libertad con un tope de hasta 15 años para casos graves, tras negociaciones que modificaron la propuesta original del Poder Ejecutivo. En paralelo, antes del tratamiento final se habían discutido escalas diferenciadas y la idea de reservar el encierro para delitos de mayor gravedad, lo que expuso distintos enfoques en el diseño del régimen.
La sanción reactivó objeciones de organizaciones y referentes que cuestionan la eficacia de bajar la edad de imputabilidad como respuesta principal al delito juvenil, y advierten sobre el riesgo de profundizar trayectorias de exclusión si no se fortalecen políticas de prevención, educación y salud mental. Un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría difundido en febrero planteó que priorizar respuestas punitivas no reduce el delito y que muchos adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de alta vulnerabilidad.
En Mendoza, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, respaldó el avance del régimen y pidió que la implementación esté acompañada de recursos y dispositivos adecuados. “Es un debate que debemos dar con responsabilidad… El sistema penal no puede seguir desfasado”, expresó al referirse a la necesidad de adecuar la normativa.
Rus también advirtió que la baja de edad no funciona como solución aislada y reclamó un esquema de contención y medidas adaptadas a cada caso para los jóvenes que ingresen al sistema. En una entrevista radial, definió el cambio como un “nuevo contrato social” y remarcó que el régimen debe seguir siendo especial y acorde a la edad.
Consultada sobre el escenario provincial si el Senado convierte el proyecto en ley, la ministra detalló que en 2024 hubo “cerca de 350 jóvenes vinculados” al sistema de responsabilidad penal juvenil.
Advirtió que la ampliación de la franja etaria “No va a traer un caos”, señaló que cerca del 90% de los jóvenes reciben medidas alternativas y no privación de libertad. “La ley habla de que la pena privativa de libertad va para los delitos más graves”, y precisó que en Mendoza “ni en el 24 ni en el 25 hubo homicidios de autores de 14 a 16 años”, con excepción de “un caso en 2024”.
Para Mendoza y ciudades como Malargüe, el debate se vuelve concreto en términos de infraestructura, equipos interdisciplinarios, dispositivos de seguimiento y coordinación con el sistema de protección integral. La discusión, desde ahora, se trasladará también a la reglamentación y a la capacidad real de implementación en cada jurisdicción.
Fuente Los andes / Aconcagua Radio
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